Los estudiantes supieron que no tenían beca dos meses antes de acabar el curso

Dos meses antes de acabar el curso muchos estudiantes pudieron respirar tranquilos. El Ministerio de Educación sacó en abril por fin las listas definitivas de quienes recibirían este año una beca. El Gobierno había ido comunicando de forma individual a cada alumno la aprobación de su solicitud. Muchos otros descubrieron en ese momento que no recibirían la ayuda estatal, de cuya negativa no se informa específicamente: simplemente se comunica que quienes «no estén en dicha relación deberán considerar su solicitud de beca como denegada», según explica en su web el propio Ministerio. Esta herencia del Gobierno de Mariano Rajoy aún no se ha resuelto porque quedan por responder las reclamaciones presentadas. Fuentes del Ministerio de Educación y Formación Profesional confirmaron a LA RAZÓN que en el caso de Andalucía ya se han pagado todas las becas concedidas, y solo quedarían pendientes los recursos.

La nueva ministra, Isabel Celaá, ha impuesto los primeros cambios en el sistema incrementando para el año que viene las cuantías fijas para familias con menos renta subiéndolas cien euros, hasta los 1.600. Ha eliminado también el requisito de una nota media de 5,5 que introdujo el ex ministro Wert y que supuso un mazazo para cientos de becarios, que dejaron de percibir ese dinero imprescindible para continuar sus estudios. La cuestión de fondo, sin embargo, permanece inalterable: los plazos. Cada año, el Gobierno y las comunidades –que gestionan esos pagos– dilatan la concesión hasta que prácticamente expira el curso. El hecho de que la presentación de las solicitudes se alargue desde agosto hasta mediados de octubre contribuye a estirar una respuesta de la que penden el futuro y, sobre todo, el presente de muchos estudiantes. La normativa no contempla un plazo máximo para que la Administración resuelva y eso provoca que los estudiantes pasen gran parte del curso con esa incertidumbre. Las dificultades son mayores para los que estudian fuera del domicilio familiar, viéndose obligados a asumir todos los gastos de residencia y transporte a expensas de una beca que puede no llegar.

Cada año, sucede lo mismo. El Gobierno comienza comunicando uno a uno a los beneficiarios la concesión de la beca, que en un primer momento solo contempla la cuantía fija: la exención de matrícula, que asume las tasas de cada Universidad, y las ligadas a la residencia y a la renta, de 1.500 euros cada una. Desde Educación se remite un correo electrónico a los interesados, avisándoles de que su notificación se encuentra disponible en la sede electrónica. Para establecer la cantidad variable se toman en cuenta la nota media del expediente y la renta familiar per cápita. Mientras los estudiantes sufren las estrecheces de unos retrasos cada vez más acusados, la Administración se permite pagar a plazos, en dos partes, esta última, duplicando la burocracia al tener que realizar en su caso dos notificaciones distintas de pago.

En Andalucía, 105.000 universitarios se repartieron 239 millones de euros en el curso 2015/16, el último que figura en las estadísticas publicadas por el Ministerio. Eso significa que uno de cada cuatro euros en ayudas al estudio se destinaron a nuestra comunidad, que es además la que ofrece los precios más bajos tanto en grados como en másteres. En esa estadística todavía no se incluía aún la bonificación de matrícula de la que disfrutan desde este curso todos los alumnos andaluces a partir del segundo año, en el que por cada crédito aprobado tiene derecho a matricularse en otro gratis. El 56% de los andaluces que empiezan la universidad lo hacen becados, una cifra que cae en los siguientes años, cuando solo 3 de cada 10 estudiantes reciben algún tipo de ayuda económica.