UGT desmiente a la Junta y niega que le haya pedido 3,6 millones

Las relaciones entre la Junta y su sindicato «hermano», la Unión General de Trabajadores, tan cordiales en otros momentos, se están enrareciendo hasta llegar al desencuentro, con el caso de las facturas irregulares de UGT-A como telón de fondo. Un caso que instruye el juzgado sevillano del que es titular la magistrada Mercedes Alaya, encargada también de los ERE fraudulentos.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que no le consta que la Junta de Andalucía esté reclamando al sindicato cifras «concretas» por gastos no justificados en cursos subvencionados de formación.

«Está examinando distintos programas, pero no nos consta que se esté reclamando una cifra concreta. No nos consta esta historia de las cifras, que cada vez son más redondas», subrayó Ferrer durante un encuentro con periodistas en Madrid para hacer balance de los dos años de vida de la reforma laboral. El consejero de Economía y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, dio, sin embargo, cuenta el jueves en el Parlamento de la investigación que está llevando a cabo el Gobierno andaluz. Según explicó, están revisando 19 expedientes de ayudas y ya han abierto al sindicato expediente de reintegro por valor de 3,6 millones de euros, correspondientes a dos ayudas de negociación colectiva y acción sindical y otras dos del programa Orienta.

El «número dos» de UGT recordó a la Junta que debe tener en cuenta el informe realizado por la Cámara de Cuentas, que contiene, a su juicio, «suficientes elementos de análisis y reflexión» y en el que se examina a sindicatos, empresarios y la propia actuación del Gobierno andaluz. En la misma línea se pronunció también el jueves el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, apuntando que la Junta es corresponsable de las irregularidades que detecta el duro informe de la Cámara de Cuentas. Dicho informe fiscaliza las ayudas de formación de la partida 32D durante los años 2009 y 2010. Recoge un sinfín de irregularidades: ausencia de seguimiento, deficiente justificación o concesión sin cumplir los principios de libre concurrencia.

Por otra parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, dijo, según recoge Ep, que las ayudas que está estudiando la Junta se elevan a 3,6 millones de euros dentro de un procedimiento que se llama de reintegro, lo que no significa que «se nos haya pedido» este dinero.