Un paso más de la Junta en su cruzada contra la educación diferenciada

Pone en riesgo 700 empleos y desoye a las familias y las alegaciones de los colegios, que ahora dependen del TS

«Quien quiera educación diferenciada que se la pague». Susana Díaz mantiene el pulso. La Junta no escucha a los nueve centros andaluces que defienden su modelo educativo no mixto financiado con fondos públicos como garantía del poder de elección de los padres. Las alegaciones presentadas cayeron en saco roto. La Consejería de Educación, vía BOJA, hizo oficial ayer la retirada del concierto en los cursos de acceso –los mantiene en los niveles superiores para que los alumnos ya escolarizados concluyan su formación–, lo que puede suponer el «cierre encubierto» de los colegios. Directores, profesores, personal de administración... (hasta 700 empleos en el aire) y padres confían en que el Tribunal Supremo, como ya hiciera el TSJA, haga que se cumpla la Lomce, que avala en su articulado de forma directa al modelo diferenciado. Eso sí, el tiempo corre en contra, pues el periodo de matriculación se echa encima.

El argumentario del Gobierno andaluz se repite en las resoluciones de los nueve centros de educación diferenciada (Yucatal de Posadas, Zalima, Ribamar, Torrealba, Elcható de Brenes, Ángela Guerrero, Altair, Albaydar y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona), empezando por su carácter «segregador», que «impide la igualdad de oportunidades en el acceso a estas enseñanzas». Para fortalecer su discurso se apoya en el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley de igualdad de género en Andalucía, que defienden la no discriminación por sexo. Y respecto a la Lomce, la consejera Adelaida de la Calle –quien firma los documentos– reconoce que según su artículo 84.3 «no constituye discriminación la enseñanza diferenciada por sexos», pero «siempre que la enseñanza se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 14 de diciembre de 1960, lo que no ocurre en este caso, pues el citado centro no ofrece facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza al alumnado de sexo masculino», entiende la consejera.

La Junta trata de rebatir el discurso que sostienen los padres: el derecho a la libre elección del modelo. Para ello recurre a jurisprudencia del Tribunal Supremo, una sentencia de 2012 en la que respalda se excluye un centro diferenciado del concierto sin que ello perturbe «ningún derecho constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio, y sin que se vulnere el número 9 del artículo 27 de la Constitución porque determinados centros no puedan acceder al concierto si no reúnen los requisitos que la ley establece». Los centros tiene aún la vía del recurso de reposición o acudir al TSJA, donde ya se atendió sus demandas. El PP de Sevilla lamentó la actitud de la Junta «antes de que hable la justicia».

Además de retirar el concurso a los centros no mixtos en los niveles de acceso –prorrogará año a año los cursos de los alumnos ya escolarizados–, la Junta mantiene la negativa a realizar ampliaciones donde existe demanda suficiente para abrir nuevas unidades, ya sean diferenciadas o no. Bajo el argumento de la no disponibilidad presupuestaria y la existencia de vacantes en el ámbito territorial ,se opta por recortar unidades en diez centros más.

La batalla ideológica, a costa de cerrar puertas a los más jóvenes

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La batalla ideológica del Gobierno socialista lleva a justificar la negativa a concertar una unidad de educación especial en el colegio Alfonso X de Málaga, por «no ser necesaria», de acuerdo con el «principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos», y negar al mismo tiempo la ampliación de conciertos de nuevo curso de Formación Profesional en centros diferenciados, pese a que el curso pasado la Junta de Andalucía no pudo dar respuesta a los más de 30.000 jóvenes andaluces que solicitaron plaza. Otros nueve centros mixtos pierden unidades por cuestiones demográficas.