Castilla y León será la representante de España frente a Europa en materia de conciliación y brecha salarial

Castilla y León se encargará de coordinar una postura común de las Comunidades Autónomas sobre conciliación de la vida laboral y personal y sobre la brecha salarial de género para elevarla a la Unión Europea en el próximo Consejo de Ministros de la UE, dedicado a los temas de empleo y servicios sociales, que se celebrará en junio.

Así se acordó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que decidió de este modo aprovechar la experiencia de la Región derivada de la aprobación de la primera Ley de España que promueve novedosas medidas en este sentido.

Asimismo, la Conferencia acordó destinar a Castilla y León ocho millones de fondos estatales contra la violencia de género, o lo que es lo mismo, el 7,4 por ciento de los 100 millones contemplados para 2019 en el Pacto de Estado en esta materia.

Esas cantidades se repartieron en la reunión celebrada en Madrid a la que asistió el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fermández Carriedo. Al término del encuentro destacó que los fondos acordados convierten a la Comunidad en «una de las más beneficiadas» y demuestra que tiene un «peso relevante» derivado de cómo se están haciendo las cosas en la lucha contra esta lacra.

La mayor parte de esos fondos, en concreto 7,4 millones, proceden del acuerdo del Pacto de Estado que se aprobó en 2017, en la «época del anterior Gobierno» con un «amplio consenso» y que el actual Ejecutivo «está desarrollando y cumpliendo también».

Castilla y León, dijo, es una de las más beneficiadas debido a que «cuando se negoció el pacto incluimos las variables que más nos convenían».

Esas características a tener en cuenta, aclaró Fernández Carriedo, son la «ruralidad» que hace que la prestación de servicios sea «más costosa» que en los núcleos urbanos, la dispersión geográfica, «la violencia de género hacia mujeres de mayor edad» y una «elevada ejecución en años precedentes» de las partidas destinadas a combatir esta lacra, a pesar del «escaso margen» que el Gobierno ha dado a las comunidades por la tardanza del último ejercicio parae habilitar estos fondos.

Respecto a la ejecución presupuestaria, es decir, la cantidad de los dinero que corresponde a cada autonomía y que se acaba finalmente empleando, el consejero desveló que Castilla y León tiene el grado de ejecución «más alto», lo que le permite «acceder a más fondos y a gestionarlos en mejores condiciones».

Con ello, según la Junta, la Comunidad ha mantenido los servicios y programas sobre violencia de género que ya venía desarrollando y, además, ha puesto en marcha nuevas actuaciones en el último año. Una de ellas es la del desarrollo en la Región de diez nuevas prestaciones para víctimas incorporadas en el catálogo de servicios sociales. «Tenemos una larga experiencia, las cosas se están haciendo bien y el dinero está llegando donde se necesita», concluyó.