El Gobierno Herrera defiende la unidad de la España autonómica ante la despoblación

El Gobierno Herrera defenderá la unidad de la España autonómica para hacer frente a la despoblación y el envejecimiento. Lo hará el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en Zaragoza, donde representará a Castilla y León en el grupo por el cambio demográfico, que también integran Asturias, Galicia y Aragón desde el año pasado, y que se refuerza con las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura. Se trata del segundo encuentro de estas características, tras el celebrado, a finales de octubre, en Oviedo, y tiene por objetivo definir una estrategia de carácter nacional que ponga freno a la debilidad demográfica.

Se trata de un pacto que debe implicar a todas las instituciones públicas españolas: Estado, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y comarcas. De hecho, el presidente del PP y de la Junta, Juan Vicente Herrera, demandó la adopción de un Plan de este calado durante su intervención ante el plenario de la Convención Nacional que el Partido celebró en Valladolid, y que reunió a importantes cargos de la formación, como el presidente Rajoy. Asimismo, las seis comunidades harán llegar sus planteamientos tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea, de la que también esperan obtener fondos para promover proyectos en el marco de financiación 2014-2020. El objetivo es impulsar una iniciativa interterritorial para presionar al Gobierno y a Bruselas, a través del Comité de las Regiones, tratando de atajar a largo plazo el problema de la despoblación, informa Ical.

Otro de los temas de trabajo será la revisión de la financiación autonómica ya que en la primera cumbre demográfica se rubricó una declaración en la que se defendía que el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población tuvieran un mayor peso en el nuevo modelo.

La postura de la Comunidad es que se mantenga el criterio de solidaridad, no se establezca un reparto per cápita y se tenga en cuenta el coste de prestar los servicios públicos esenciales en un territorio con baja demografía y una población envejecida.