El PP recoge el «clamor social» en pro de la Pena de Prisión Permanente Revisable

El Grupo Popular ha recogido el «guante de la reivindicación social» para que el Congreso de los Diputados no derogue la pena de la Prisión Permamente Revisable y pide a PSOE, Podemos y Ciudadanos que «se pongan al lado» de la gente para que su propuesta se apruebe con el máximo consenso en las Cortes de la Región.

Así lo señalaban el portavoz popular y el viceportavoz Raúl de la Hoz y Ángel Ibáñez, respectivamente, al presentar una proposición no de ley, que llevarán en el primer pleno de las Cortes, en la que se solicita a los grupos en el Congreso, que han admitido a trámite la propuesta del PNV, que reconsideren su posición «ante el clamor social» que aboga por esa figura en el Código Penal.

Una propuesta que insta, a su vez, al Gobierno de la nación a que desarrolle la legislación penitenciaria con la aplicación de la Prisión Permanente Revisable como una respuesta penal ajustada a la gravedad extrema de determinados delitos, así como el sentir mayoritario de la sociedad.

De la Hoz argumentó que la reinserción debe ser real y evaluable en vez de que la pena esté en función del transcurso del tiempo y subrayó que los ciudadanos no comprenden que exista la misma condena por matar a «una persona que a 20».

«La sociedad se encuentra sorprendida e indignada al conocer que el Congreso ha comenzado los trámites parlamentarios para derogar esta ley, por lo que considera «necesario» mantener esta figura en el Código Penal porque ayuda a constatar si alguien que ha cometido delitos gravísimos se ha rehabilitado.

Por otra parte, el Grupo Popular hizo autocrítica después de la manifestación sanitaria en Valladolid del pasado sábado al extraer como «primera lección» que deben «explicar mejor las cosas» y dejó la mano tendida para la mejora desde el diálogo con todos y con la base del pacto firmado con 50 colectivos.

«La manifestación deja una lección para todos. Hay que explicar mejor las cosas», apuntó el «error» de su partido y de la Junta en relación a las privatizaciones y los conciertos con la sanidad privada y recordó que Castilla y León es la segunda comunidad que menos recurre a ese sistema, después de Cantabria.