Castilla y León

El Procurador del Común avisa de causas penales si no se colabora con la institución

Se presenta en las Cortes el último informe donde el PP destaca su utilidad para detectar ineficiencias mientras que el PSOE dice que da voz a la realidad dura de los pueblos de la Región

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, presenta en el pleno de las Cortes el informe anual correspondiente al año 2018. Junto a él, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea
El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, presenta en el pleno de las Cortes el informe anual correspondiente al año 2018. Junto a él, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igealarazon

El Procurador del Común, Tomás Quintana, avisó de que puede haber responsabilidad penales si no se colabora con la institución, con sede en la capital leonesa, y avanzó que están dispuestos a utilizar todas las herramientas legales para que las administraciones públicas faciliten la información y «no den la callada por respuesta». Así lo manifestó al presentar en las Cortes regionales el Informe Anual relativo al año 2018.

Tras recordar los objetivos que se planteó de dar mayor visibilidad a la institución para que sea más conocida, dotar de mayor agilidad sus actuaciones y reforzar la Oficina de Atención al Ciudadano, el defensor de los ciudadanos de la Comunidad explicó que han realizado una labor de «persuasión» para que se produzca la colaboración en «términos reales y efectivos».

Quintana López subrayó que la demora en la respuesta puede suponer tener que comunicar al ciudadano que realizó la queja que ésta se archiva y explicó que, para «evitar efectos indeseados», se adoptó como novedad a partir del 1 de enero de 2019 acortar el número de recordatorios de cinco a tres, así como poner de manifiesto que la falta de colaboración puede determinar «responsabilidades de índole penal».

No obstante, valoró que un 72 por ciento de sus resoluciones emitidas en 2018 hayan sido aceptadas, de ellas un 62 por ciento de manera total y un 10 por ciento parcialmente, lo que calificó de positivo cuando la ley no obliga a seguir el dictado de sus informes.

Sin embargo, lamentó que, aunque no sea frecuente, transcurrido el plazo para comunicar si se acepta o rechaza su resolución haya, no exista una respuesta, lo que motiva hasta tres recordatorio y, finalmente, comunicar al ciudadano que promovió la queja que ésta se archiva.

Y tras su opinión, disparidad de opiniones por parte de los grupos parlamentarios. Por el PP habló Raúl de la Hoz, que defendió este informe como la mejora herramienta «para detectar ineficiencias y corregirlas» para mejorar la calidad de vida ciudadana castellanos y leoneses.

Por su parte, el portavoz socialista, Luis Tudanca, planteó que este informe equivale a un «contraste entre la realidad» del medio rural y la «ficción en la que vive el Gobierno autonómico que es «cada vez mayor». Por ello ha pedido «remedio» para la diferencia en la prestación de servicios entre el medio urbano y el medio rural, ya que los habitantes de los pequeños municipios están «castigados».

Mientras, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, afirmó que está «muy bien las lisonjas» y reconocimientos al Procurador del Común, pero advirtió de que estaría «mejor» que las administraciones, en concreto de la Junta, cumpliera con sus resoluciones a tiempo.

Más categórico fue el procurador por Vox, Jesús García Conde, quien apostó por acabar con esta figura regional por «ineficiente» y «redundante».