Los sindicatos plantean añadir a la Renta de Ciudadanía ayudas para evitar desahucios

Valladolid- Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han planteado la creación de una Garantía Básica de Vivienda, complementaria a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Castilla y León -para la que exigen 100 millones de euros-, o como recurso independiente. Una prestación que permitiría evitar que más personas pasen por «la trituradora del desahucio», en palabras de Vicente Andrés, secretario de Acción Sindical de CC OO.

El objetivo es incorporar a ese recurso a hogares con todos sus miembros parados y con ingresos inferiores a los 900 euros. La cuantía máxima de ayuda sería la cantidad satisfecha en concepto de alquiler o hipoteca, hasta 300 euros, según explicaba la secretaria de Política Social y Laboral de UGT, Carmen Campelo. Las familias inmersas en procesos de desahucio, siempre según la propuesta sindical, podrían solicitar una ayuda extraordinaria para el pago de cuotas para afrontar pagos, si supone al menos el 45 por ciento de los ingresos que tienen y la vivienda no tiene carácter suntuario. Este apoyo podrá prolongarse por espacio de tres años y las administraciones podrán exigir su devolución en diez años si la situación de los afectados varían. Campelo se refirió al «cambio claro de perfil» de los solicitantes de la RGC a lo que agregó que «sólo se reconoce a cuatro de cada diez personas».

Según apuntaron, el objetivo que persiguen es que «todo el que precise esta renta la llegue a obtener», dado que, a su entender, existe «dificultad en la accesibilidad, cobertura y mantenimiento de este derecho», al que acceden en la actualidad 10.246 personas.

Bernarda García, también de CCOO, consideró que «no están los tiempos para que se rechacen las peticiones», a la par que recordó que el diseño de la actual RGC se llevó a cabo cuando «aún no se veía que la crisis iba a ser tan abrumadora». Así, defendió que el patrimonio no puede tumbar solicitudes al estar incorporado en el requisito de la renta. De igual manera, exigió la ampliación en la horquilla de edad de los beneficiarios, de 23 a 66 años. Mientras, Óscar Lobo, de UGT, exigió a la Junta un documento con «bases sólidas» y que no haga «sólo cuatro retoques».