Cataluña introducirá un test para detectar patologías tras el caso de Castelldans

La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha anunciado este lunes que adoptarán medidas para mejorar e intensificar los controles a las familias de acogida tras destaparse que el presunto pederasta de Castelldans (Lérida) acogía a niños tutelados y que en septiembre pondrán en marcha un nuevo test para detectar psicopatologías para que "no quede la más mínima rendija"de riesgo para los niños.

En rueda de prensa para dar información del caso, ha evitado pronunciarse sobre si se han producido errores en este caso, en el que un hombre ahora imputado por pornografía infantil ha tenido bajo su tutela a 14 menores desde 1997, a la espera de que concluya las dos investigaciones abiertas pero al mismo tiempo ha añadido que no puede decir "que todo se ha hecho perfectamente".

Munté ha asegurado que "sospechas o indicios no había"de que hubiera riesgo de abusos y que si hubieran tenido la más mínima duda inmediatamente hubieran retirado a David D. el permiso de acogida, y ha explicado que el hombre pasó 34 controles de la Generalitat.

La consejera, que ha dado la rueda de prensa junto a la secretaria general del departamento, Dolors Rusinés; la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Maria Merc Santmartí, y la directora del Instituto catalán de Adopción y Acogida, Núria Canal, ha indicado que una vez concluyan las investigaciones si se detectan errores asumirían "las responsabilidades que fueran necesarias", aunque considera que sería un error reconocer ahora fallos antes de cerrar los expedientes abiertos.

Preguntada sobre por qué ninguno de los 34 controles detectó a un presunto pederasta, Munté ha defendido que de momento no hay "ninguna evidencia de que haya habido errores o negligencias en este caso"a la espera de cerrar los expedientes, pero que quieren reforzar los controles para que no quede ningún resquicio por donde puedan colarse este tipo de perfiles, aunque ha reconocido que el riesgo cero no existe.

Ha explicado que el expediente a la entidad que se encargaba de gestionar la acogida y que hacía los controles al acogedor les ha de permitir "conocer si en algún momento podría haber fallado algún mecanismo en el inicio de la acogida o en los controles", y que paralelamente la consejería está realizando un informe sobre el expediente de acogida, y que una vez concluidos expondrán qué otras medidas adoptan.

Ha explicado que el nuevo test, el MMPI2, que se pasará a las personas que quieren acoger a menores, sirve para identificar psicopatologías pero no permite detectar a presuntos abusadores porque, precisamente, son personas que esconden sus pulsiones y es algo "muy difícil de detectar", y ha puntualizado que ya estaban estudiando utilizarlo antes del escándalo.

"Confianza en el sistema"

Respecto a si han tomado medidas extraordinarias tras este caso en el resto de menores acogidos, Munté ha asegurado que no porque tienen "confianza en el sistema", y ha evitado responder cualquier pregunta respecto a los menores que estuvieron acogidos, algunos de ellos ya adultos.

Ha confirmado que el presunto pederasta llegó a tener a su cargo hasta a ocho menores de forma simultánea en 2007 y preguntada sobre si esto no levantó sospechas, ha reiterado que antes se permitía agrupar a varios menores en una misma casa, pero que este modelo ha quedado superado y que actualmente tan solo quedan cuatro familias en Cataluña que tengan un elevado número de niños en acogida, a veces porque acogen a varios hermanos.

"Esto no quiere decir que antes fuera mala la atención, sino que ahora se tiende a darles una atención más personalizada", ha puntualizado la consejera, que también ha apuntado a que actualmente en Cataluña hay entre cinco y diez familias monoparentales de hombres que acogen a niños tutelados, lo que para ella no debe ser objeto de análisis negativo.

En el caso de David D., han explicado que había relación entre él

y su familia --padre, la madre y la hermana-- y que en su expediente constaba que tenía una familia extensa que daba apoyo a la acogida.

Desde que se creó el sistema de acogida en 1997, han participado 2.500 familias y 2.400 niños, según Munté, y en tan solo tres ocasiones se han descubierto situaciones de riesgo para los menores que han comportado la retirada inmediata de la tutela, y que en ningún caso fueron "tan graves"como el caso de Castelldans ni tuvieron un componente sexual.

Los controles que pasan las familias de acogida son cada seis meses y consisten en entrevistas presenciales con el acogedor, los menores acogidos, y su entorno, unos exámenes que se remiten a la Fiscalía de Menores, y después dentro de este periodo hay otras evaluaciones y coordinación entre la administración y el entorno educativo y con los profesionales que también se encargan de los menores, ha explicado Munté.