El propietario del Riviera reconoce que tenía relación con mandos policiales

La tercera sesión del juicio por la presunta trama de corrupción policial relacionada con los dos prostíbulos de Castelldefels tuvo como principal protagonista a Antonio H., ex propietario del Riviera, uno de los burdeles investigados. En su declaración, el imputado admitió contactos con cargos policiales de toda España, incluyendo al comisario Luis G., también procesado en esta causa.

Antonio H. explicó que su relación con Luis G. comenzó en 2002, siete años antes de la clausura del Riviera por orden judicial. Se conocieron después de una redada en el local, que acabó sin detenidos. El imputado negó en todo momento haber sobornado a policías, pero sí que admitió contactos con mandos policiales de toda España.

Contacto con agentes

El procesado justificó estos contactos porque, aparte del Riviera, era propietario de una decena de clubes de alterne, y también de una empresa de seguridad encargada de la vigilancia de estos locales, de la que eran empleados ex empleados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Antonio H.

Insistió en que no pagó sobornos a ningún policía, pero sí que admitió buenas relaciones con agentes, especialmente con Luis G., que se enfrenta a una petición de pena 17 años de cárcel. Antonio H. explicó que a partir de la citada redada mantuvo una relación de amistad con este mando policial, y admitió que incluso hizo favores a su familia. Uno de ellos fue dar trabajo en su empresa de seguridad a dos hijos del comisario.

El imputado también reconoció que conoció al inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, Abundio N., imputado en esta trama, y que era precisamente el responsable de las redadas policiales en burdeles. No le pagó dinero en efectivo, aseguró, pero sí que le regaló botellas de vino en la Navidad de 2007.

En la sesión de ayer también declaró el ex agente de la Policía Nacional Ignacio L., otro imputado en la trama. Su declaración se mantuvo en la misma línea que la de los agentes que ya han comparecido en la vista, y aseguró que nunca fue sobornado por ninguno de los propietarios de los dos burdeles a cambio de avisar con antelación de las redadas policiales. Únicamente admitió una llamada a los Mossos d'Esquadra, para saber si se habría alguna detención relacionada con los prostíbulos.

La Fiscalía pide penas de cárcel de entre tres y 44 años para la veintena de acusados en esta trama, que incluyen mandos policiales, encargados de ambos prostíbulos, abogados y a un funcionario municipal.