Un error del tribunal aplaza el primer juicio por el 3 %

La decisión llegó justo cuando ex cargos de la época del Govern de Pujol ultimaban un pacto para evitar la vista y rebajar las penas.

En teoría ayer tenía que llegar a juicio el primer caso por las polémicas comisiones del 3 por ciento, supuestamente cobradas por CDC, en la época de president de Jordi Pujol. Pero no fue exactamente así, pese a que acudieron los principales acusados en la Audiencia de Barcelona. Tras doce años desde que se destapó la trama, un error en las citaciones provocó el aplazamiento hasta dentro de dos semanas de la vista oral.

El hecho curioso es que la suspensión temporal del juicio llegó en el momento en el que los acusados ultimaban un pacto que les evitaría entrar en prisión, a cambio de admitir el pago de comisiones. Estaba previsto que la Audiencia de Barcelona acogiera la primera sesión de juicio, que arranca por una investigación de la Fiscalía abrió en 2005 a raíz de la insinuación del ex president Pasqual Maragall, en el Parlament de que CiU cobraba «mordidas» del 3 por ciento.

Una vez en la sala, se evidenció el error del tribunal, al no citar al representante legal de una empresa y la incomparecencia de un empresario, ambos como responsables civiles subsidiarios, acabó por aplazar el juicio hasta el 16 de mayo. Ese mismo día se deberá confirmar si se alcanza un pacto entre los acusados y la Fiscalía, hechó que aayer quedó en el aire.

Los acusados llegaron con un pacto bajo el brazo, que se ultimó en los instantes previos al inicio de la vista, del que solo se desmarcó el constructor «arrepentido» José Antonio Salguero, quien durante la instrucción del caso confesó haber pagado comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. El acuerdo, que sigue en el aire al no haberse formalizado ante el tribunal, prevé que los acusados paguen de forma solidaria los 120.000 euros presuntamente desviados de Adigsa por el sobrecoste de las obras –la mitad de los cuales fueron consignados ayer–, y reconozcan el pago de comisiones por la adjudicación de obras.

Con esa sentencia de conformidad, los acusados se beneficiarían de una rebaja de condena que dejaría sus penas por debajo de los dos años, con lo que evitarían su ingreso en prisión, gracias a la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión.

El ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, que afronta diez años –la pena más elevada–, aceptaría un año y nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de malversación, prevaricación y falsedad de que se le acusa, condena que no le obligaría a entrar en prisión gracias a que la última reforma del Código Penal permite suspender las penas cuando, individualmente, no superen los dos años.

En la reanudación de la vista el próximo 16 de mayo, la sala deberá decidir si acepta ese acuerdo parcial, que obligaría a celebrar el juicio pero solo con las pruebas que afecten a Salguero, quien afronta un año y medio.