Un jefe policial admite que el dueño del Riviera le hizo favores personales

El comisario jefe de la Policía Nacional Luis Gómez, imputado en la trama de corrupción policial y proxenetismo vinculada a los burdeles Saratoga y Riviera, negó ayer haber sido sobornado por alertar de redadas, pero admitió haber recibido favores personales por parte del dueño del segundo prostíbulo citado, Antonio Herrero. El mando policial afronta una condena de 17 años de cárcel.

Gómez explicó que conoció a Herrero en 2003, después de que éste fuera detenido en una de las redadas. El comisario era en ese momento el jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional en Cataluña (Ucrif) –cargo que ocupó hasta inicios de 2005–, y, según dijo, «nos hicimos rápidamente amigos, porque nos contamos detalles personales».

Los favores

En ese momento, Herrero acudía a un psicólogo de Córdoba, que tenía una lista de espera de hasta nueve meses. Gómez le contó que su hijo era cocainómano y que necesitaba tratamiento. El comisario admitió que a los pocos días su hijo estaba siendo examinado por este especialista. Además, el dueño del Riviera dio trabajo en empresas suyas al joven y a la hija de Gómez, como administrativa. Sobre el posible regalo de un reloj por parte del también imputado Herrero, el comisario aseguró que «lo había comprado». Las familias de ambos acusados compartieron almuerzos y cenas, un hecho que Gómez no considera «extraño».

El fiscal mostró las contradicciones de que un comisario tuviera una relación tan estrecha con el dueño de un club al que supuestamente tenía que inspeccionar, pero Gómez respondió que «sólo era amigo de Herrero, no de ningún otro propietario de burdeles». Según el comisario, el responsable del Riviera se ofreció para informarle de posibles casos de prostitución de menores, falsificación documental y extorsiones. Gómez negó cualquier relación con el Saratoga.

Cuando se conocieron Gómez y Herrero, en 2003, hubo dos redadas en estos burdeles, pero al año siguiente no se practicó ni una, y entre 2005 y 2009 se hicieron muy pocas. El comisario aseguró que en 2004 registraron 56 burdeles en otras zonas de Cataluña, y recordó que abandonó la Ucrif en 2005. El fiscal sospecha que, a partir de ese año, siguió manteniendo una relación muy estrecha con el Riviera, lo que se traduciría en seguir avisando de las redadas policiales a los prostíbulos.

También declararon ayer los tres abogados imputados en la trama, Fernando Martínez, Àlex Garberí y Carlos Carretero, que afrontan una petición de pena de 20 años de cárcel, acusados de extorsionar a los burdeles en connivencia con el inspector e imputado José Javier Martín Pujal. Los letrados negaron los hechos y aseguraron, en versioens muy parecidas, que nunca chantajearon a los dueños de los prostíbulos bajo la amenaza de redadas. Según dijeron, el dinero que cobraron de los clubes de alterne eran «honorarios por asesorías legales». El fiscal opinó que son sumas demasiado exageradas y que corresponden a extorsiones. La Audiencia de Barcelona juzga a una veintena de acusados por este caso, que afrontan penas de cárcel de entre tres y 44 años.