El activista revolucionario que se mantuvo en el poder más de 30 años

El exconseller y exportavoz del PP en Les Corts Valencianes Rafael Blasco, que a lo largo de su trayectoria política pasó de activista revolucionario del FRAP a mantenerse en el poder durante más de 30 años, ha ingresado hoy en la prisión de Picassent (Valencia) para cumplir condena.

El pasado miércoles el Tribunal Supremo le redujo la pena de ocho a seis años y medio de prisión por malversar fondos de la Generalitat destinados a cooperación internacional en Nicaragua, y todavía debe afrontar otros dos juicios por acusaciones similares.

Sigue así los pasos de otros políticos valencianos del PP que también han sido condenados y cumplen condena en prisión, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Hernández Mateo.

Blasco (Alzira, 1945) era hasta hace unos meses uno de los políticos que más recelos y animadversión despertaba en la bancada de la oposición, y de él se solía decir que tenía siete vidas, como un gato, o que “vale más por lo que calla que por lo que habla”.

En su haber figura el haber sido el político valenciano que más veces ha sido conseller, con cuatro presidents de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma en 1983 y los populares Eduardo Zaplana, Jose Luis Olivas y Francisco Camps), de dos partidos políticos diferentes y en siete carteras a lo largo de diecisiete años.

En 1991 fue absuelto de los presuntos delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas por la recalificación de unos terrenos por la Conselleria de Obras Públicas, donde era conseller con Lerma.

Entre 1991 y 1995 intentó promover una plataforma de partidos nacionalistas que no fructificó, y fue la llegada en 1995 del popular Eduardo Zaplana a la presidencia del Gobierno valenciano lo le abrió de nuevo las puertas del Palau de la Generalitat, donde regresó primero como ideólogo del PP y desde 1999 como conseller, en esa ocasión de Empleo.

Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con el PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.

Con una firme defensa de su inocencia, este doctor en Derecho se mantuvo en sus cargos primero como conseller y luego como portavoz, e incluso llegó a querellarse contra las diputadas Mireia Mollà (Compromís) y Clara Tirado (PSPV) que denunciaron en 2010 la trama corrupta de desvío de fondos.

El PP le mantuvo como diputado autonómico tras su imputación en este caso y solo decidió suspenderle de militancia e inhabilitarle para representar al partido después de que en un programa de televisión denunciara presiones a la Abogacía de la Generalitat para que pidiera contra él once años de prisión en este caso.

Ejemplo de su nivel de influencia en los círculos de poder del PP muestra el hecho de que se recurriese a él para coordinar varias campañas, entre ellas las últimas europeas, o que Camps le diese su confianza en plena crisis por el caso Gürtel para que dirigiera, además de la Conselleria de Solidaridad, el grupo popular en Les Corts, del que era portavoz desde 2009.

Para levantar la moral a su grupo parlamentario ante la tormenta que supuso la irrupción en escena del caso Gürtel, Blasco proyectó a los suyos la película de Clint Eastwood “Invictus”, en la que se alaban virtudes como la adaptación, tenacidad o perseverancia, presentes en la trayectoria de un personaje público que no renunció al acta de diputado hasta después de ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en mayo de 2014.

Blasco es marido de Consuelo Císcar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 2004 y 2014 y otrora uno de los rostros más conocidos de la política cultural del PP.

Un reciente informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión del IVAM entre 2009 y 2013 ha detectado varias “irregularidades” en la gestión de Císcar, entre ellas diferencias de hasta el 1.520 % entre el precio de adquisición de las obras de arte y el valor de mercado, aunque Císcar replica que las cuentas del IVAM fueron auditadas y aprobadas por el consejo rector.