Comunitat Valenciana

Fiscalía mantiene la rebaja de la pena de Blasco de dieciséis años a tres y medio

La Abogacía de la Generalitat y la acusación particular se oponen a la medida

Fiscalía mantiene la rebaja de la pena de Blasco de dieciséis años a tres y medio
Fiscalía mantiene la rebaja de la pena de Blasco de dieciséis años a tres y mediolarazon

El fiscal Anticorrupción mantiene, pese a la oposición de la Abogacía de la Generalitat y de la Coordinadora Valenciana de ONGD, el pacto que firmó con el exconseller de Cooperación Rafael Blasco y rebaja a tres años y medio su petición inicial de dieciséis años de cárcel.

Así lo manifestó ayer el fiscal durante la lectura, este miércoles, de su informe de conclusiones, en el que mantiene también los pactos alcanzados con el resto de los principales acusados, entre ellos el empresario Augusto César Tauroni. En el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, Blasco reconocía haber cometido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios, y conseguía rebajar de dieciséis a tres años y medio la pena inicial que pedía Anticorrupción.

El exconseller aportó además dos bienes inmuebles tasados por su representante legal en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.

La Fiscalía llegó también a un acuerdo con el empresario Augusto César Tauroni, fundador de la Fundación Hemisferio, otro de los principales acusados, quien admitió la comisión de la totalidad de los hechos y se conformó con la imposición de las penas de tres años y seis meses de prisión y una multa de 40.000 euros.

Inicialmente, el fiscal había reclamado para él una pena de 21 años y medio de cárcel.

La Fiscalía criticó durante su exposición la «insistente intención», en su opinión, de las defensas para invalidar el juicio por «cosa ya juzgada» y pedir su nulidad, «en un intento de manipular la realidad»

La Abogacía de la Generalitat cuantificó en 5,3 millones de euros la responsabilidad civil de los acusados en este caso, una cantidad a la que se adhirieron tanto la Fiscalía como la Coordinadora de ONGD y que fue rechazada por las defensas. Consideró que en las conformidades alcanzadas con los acusados no puede aplicarse el atenuante de aceptación de los hechos, ya que «ha sido una confesión tardía».