Impositores valencianos denuncian a Banco de Madrid

Valencia- Hasta veinticinco impositores valencianos se han visto afectados por los fondos basura puestos en el mercado por el ex magnate norteamericano Bernard Madoff, y que llegaron a España, en primera instancia, a través del Banco de Santander.

Dicha entidad puso el citado producto a disposición de otros bancos antes de que Madoff fuera detenido y saltara el escándalo, y las denuncias ya cursadas contra Santander han sido archivadas.

No así contra el Banco de Madrid, una de las entidades que compraron esos paquetes y los pusieron a disposición de sus clientes.

Con una salvedad. Los paquetes de Madoff, gestionados a través de Optimal, se dirigían a inversores con un patrimonio de 1,2 millones de euros sin contar con su vivienda, y se vendía por importes de 250.000 euros.

Al parecer, y según consta en la demanda civil presentada en el decanato de los juzgados de Madrid, Banco de Madrid fraccionó estos paquetes entre sus clientes negando a los comerciales de Optimal que estuvieran aunando inversores.

En 2008, el magnate Madoff es detenido y acusado de estafa piramidal y estalla el escándalo.

El caso llega a España en 2010 y el propio Banco de Madrid crea una asociación de afectados que se comprometen a formar parte de la misma y a no abandonarla a expensas de tener que pagar 25.000 euros de penalización.

Las primeras acciones se dirigen contra el Banco de Santander, pero pronto los tribunales dictan que la entidad no tiene nada que ver y salta la duda sobre si fue legítimo la unión de impositores que hizo el Banco de Madrid para saltarse la limitación establecida por el fondo de Optimal que exigía un patrimonio de más de un millón de euros, sin incluir la vivienda, y la venta de «porciones» de 250.000 euros.

Según la demanda presentada por el bufette de abogados de Paloma y José María Davó y Vicente Attard, el Banco de Madrid no tenía en su cartera de clientes muchos impositores que dieran el perfil requerido por la entidad «dirigida» por Madoff, por lo que decidió crearlos por su cuenta y riesgo.

Los demandantes, y otros afectados que puedan serlo al conocer de este procedimiento judicial, exigen al Banco de Madrid la devolución de diez millones de euros, tanto en concepto de lo invertido en el fondo de capital riesgo, como de la cláusula de permanencia en la asociación de afectados, que se considera irregular.

Este caso afecta, al menos, a veinticinco impositores valencianos, de los que no todos están representados todavía en la demanda, y al menos, a un centenar de afectados en toda España.

El Banco de Madrid no es una entidad comercial al uso sino que se dedica mayormente a la gestión del patrimonio y a las inversiones diversas.