La Agencia Antifraude y el Tribunal de Cuentas investigarán a Ribó

El primer edil de Valencia podría sobrepasar el plazo para adjudicar un contrato de mantenimiento

La Intervención del Ayuntamiento de Valencia ha advertido al alcalde, Joan Ribó, de que podría sobrepasar el plazo legal para adjudicar un contrato de mantenimiento de edificios municipales y la gestión del Centro de Día de Tres Forques. En el caso de que superara dicho límite, el coste para las arcas municipales podría ser de diez millones de euros.

Por esta razón, la Agencia Antifraude y el Tribunal de Cuentas investigarán a Ribó por levantar dos reparos sobre contratos públicos, según informó el portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó.

En concreto, Monzó informó de que la Intervención General del Ayuntamiento ha dado cuenta a ambas entidades de «dos levantamientos de reparos de los interventores realizados por Ribó sobre la prórroga de dos contratos públicos que podrían suponer pagos de más de diez millones».

Explicó que la falta de previsión del gobierno local, «ha provocado que los contratos de mantenimiento no se hayan renovado a tiempo y que el Ayuntamiento tenga que aprobar de manera irregular los procedimientos administrativos para mantener estos servicios».

Monzó denunció que «por primera vez un alcalde de la ciudad levanta y hace caso omiso a dos reparos de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia (IGAV) sobre sendos procesos de contratación».

El Consistorio, añadió, «necesita urgentemente un gobierno responsable y riguroso, que atienda con antelación suficiente las necesidades de los ciudadanos, y que no genere inseguridad jurídica y controversias entre los distintos servicios y la intervención municipal».

Las resoluciones del alcalde para salvar los reparos de la Intervención se aprobaron por la Junta de Gobierno el pasado 28 de noviembre, la referida al contrato del mantenimiento de edificios municipales; y el 17 de diciembre, la relacionada con la gestión del Centro de Día de Tres Forques.

Como consecuencia de ello, indicó, la Intervención municipal, de acuerdo con lo que marcan la Ley de Haciendas Locales y la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana, tiene que informar al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Antifraude sobre el levantamiento de Ribó de esos reparos.

La disconformidad de la Intervención general sobre el contrato de mantenimiento de edificios se justifica en que ha habido «una omisión de requisitos o trámites esenciales», ya que no se respeta el procedimiento establecido en materia de contratación.