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80.000 euros, la factura de los disturbios de Lavapiés

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17 de abril de 2018. 01:25h

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R. M..  17/4/2018

- Tras extenderse el bulo de que el mantero senegalés Mame Mbaye había muerto como consecuencia de una persecución policial, grupos antisistema provocaron graves altercados en Lavapiés durante la noche del 15 de marzo. Además de los propios vecinos del barrio, fue el mobiliario urbano el que más sufrió las consecuencias de aquellos hechos.

Un mes de después, el consistorio ofreció ayer un primer balance del coste de la actuación coordinada por parte de varios grupos de radicales, que, según los vecinos, llegaron de fuera del barrio. según los datos ofrecidos por el delegado de Economía y Hacienda, el concejal de Podemos Jorge García Castaño, estos altercados causaron daños en el mobiliario público por valor de 30.000 euros, mientras que el coste por los destrozos en una estación de Bicimad y una de la EMT ascendió a 50.000 euros.

En total los daños en el patrimonio público se contabilizan en 80.000 euros, según explicó García Castaño en la comisión de Economía ante una pregunta del Partido Popular. El concejal de Ahora Madrid no pudo cuantificar el daño en el mobiliario privado causado durante los disturbios, donde se rompieron lunas y espejos de los coches aparcados, hubo destrozos en los comercios y se incendió una entidad bancaria. El portavoz del PP en esta comisión, Íñigo Henríquez de Luna, consideró una «irresponsabilidad» que el consistorio de la capital española no hay cifrado estos daños. El popular acusó al equipo de Gobierno de Carmena de alentar estos disturbios al «ocultar» la verdad y no contar, pese a que según el edil «lo sabían desde el minuto uno», que el senegalés Mame Mbaye había muerto por un paro cardíaco y no perseguido por la Policía Municipal.

Según Henríquez de Luna, el Ejecutivo de Manuela Carmena ocultó esa información para «tapar el debate de la prisión permanente revisable». Además, el concejal del PP aseguró que el Gobierno municipal quiere «tapar el daño» a la imagen de la Policía Municipal con una campaña de promoción en lugar de asumir responsabilidades políticas. García Castaño defendió, por su parte, que el consistorio dio la información cuando tuvieron «hechos probados» de lo sucedido y recordó que fue la Jefatura Superior de Policía Nacional la que había informado de la existencia de un control policial el día de la muerte de Mbaye.

El delegado de Economía y Hacienda condenó los graves altercados y defendió, preguntado por el PP, que en el sistema capitalista «hay algunas personas que se pueden considerar más víctimas que otras» y éste era el caso de Mbaye.

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