Carabanchel-Latina: el hospital de los votos

Los vecinos quieren forzar a los partidos a que retomen el proyecto sobre el solar de la antigua cárcel, una de las promesas estrellas de la campaña.

El proyecto de construir un hospital de referencia en los terrenos liberados tras el derribo de la cárcel de Carabanchel no lo mató la crisis económica en 2010, simplemente lo congeló, para poder activarlo en el momento que fuera más oportuno; es decir, cuando la Comunidad de Madrid tuviera disponibilidad presupuestaria para llevarlo a cabo. De cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, colectivos vecinales de los distritos de Carabanchel y Latina, piden que se descongele el proyecto del hospital, y que a ello se comprometan los partidos políticos. De momento, ya ha habido contactos informales, que pueden ser oficiales en las próximas semanas, entre representantes vecinales y miembros del PSOE, quienes les habrían prometido estudiar la propuesta y hacerla viable, dentro de los programas de los candidatos socialistas al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad. Lo que se pretende es que, desde el Consistorio, se asuma la iniciativa y se eleve, como propuesta, a la Comunidad, competente en materia de sanidad pública.

Puede que haya reuniones de vecinos con otros partidos, de modo muy especial con los candidatos del PP, para llevarles al ánimo la necesidad que ambos distritos tienen de esta dotación sanitaria, ya que cuentan con más de medio millón de habitantes, y sus hospitales de referencia son el Doce de Octubre, a seis kilómetros de distancia de Carabanchel, y el Clínico, a nueve de Latina. En el PP parece que también hay interés en retomar la idea porque la población de ambos distritos puede ser un buen caladero de votos.

Los vecinos entienden que la crisis económica está superada; que la situación de la Comunidad es la más saneada de todas las autonomías y está en condiciones de realizar el fracasado proyecto. El pasado octubre, las asociaciones vecinales de Carabanchel Alto y Latina, anunciaban una campaña de información y la petición de entrevistas con los portavoces de la Asamblea.

«Esperamos que los partidos que se presenten a las próximas elecciones recojan esta reivindicación tan necesaria. Hablaremos con ellos para que se comprometan», afirman los vecinos.

En 2008 se verificaba la demolición de la cárcel de Carabanchel, antiguo Centro Penitenciario Provincial, después de clausurada y haber sido durante 64 años, 3 meses y 21 días, la cárcel más importante del país. Su derribo dejaba una superficie de 172.143 metros cuadrados, disponible para construir varios equipamientos públicos y 350 viviendas, pero sobre todo, el hospital que necesitaba una población de medio millón de habitantes. Y para esta dotación sanitaria se reservaba una parcela de 40.000 metros cuadrados de superficie.

El titular de los terrenos era el Ministerio del Interior, que debería llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para que éstos pasaran a titularidad municipal. En esa negociación participaron, por el grupo socialista municipal, el portavoz del mismo, David Lucas, y el entonces concejal y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cumplido el trámite, el Ayuntamiento cedería a la Comunidad la parcela destinada a la construcción del hospital Carabanchel-Latina.

Las conversaciones se habían iniciado antes del derribo de la cárcel, pero tardaron dos años en firmar el protocolo de intenciones por parte de las tres administraciones. El 16 de julio de 2008, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, corroboraban el documento oficial para el desarrollo urbanístico de los terrenos.

Estaba previsto que las obras comenzaran a finales de 2009, pero pronto empezaron a surgir las dudas. El portavoz del grupo socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, sugirió que, en vez de un hospital de referencia, se construyera un equipamiento sanitario de menor entidad, pero los vecinos insistieron en que lo que necesitan es un hospital y pidieron a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que se pronunciara. Y ésta mantuvo su promesa, que se quebró cuando, en 2010, y ya con la crisis en su pico más alto, decidieron que no había viabilidad presupuestaria, ya que existían otras prioridades de gasto. Y el hospital pasó a ser un proyecto imposible de llevar a cabo. Entró en vía muerta.

Concierto con el Gómez Ulla

Ante esta situación, se buscaron salidas para que los vecinos de Carabanchel y Latina, no tuvieran que desplazarse hasta el Doce de Octubre y el Clínico para recibir atención hospitalaria. La presidenta asumió personalmente el buscar una alternativa al fracasado proyecto y negoció con el carabanchelero Hospital militar Gómez Ulla, un convenio para que se atiendiera en este centro a la población civil. El 21 de diciembre de 2010, Aguirre y la ministra de Defensa, Carme Chacón, firmaron un convenio de colaboración, a través del cual, desde enero de 2011, el Gómez Ulla, que seguiría siendo de titularidad del Ministerio de Defensa, se abriera a los vecinos del distrito de Carabanchel, cargando la Comunidad con los costes de la atención sanitaria a los pacientes civiles, aportando para este fin 260 millones de euros en los próximos diez años. En el convenio se fijaba la prestación de los servicios: asistencia especializada en régimen hospitalario, consultas externas, actividad quirúrgica ambulatoria y pruebas diagnósticas.

El convenio está en vigor y se espera que lo siga estando hasta que estos dos importantes distritos cuenten con un centro de referencia de la red sanitaria regional con 350 camas. Los vecinos vuelven a la carga aprovechando el momento de clímax preelectoral y quieren brindar a los partidos la oportunidad de que incluyan en sus respectivos programas, la promesa de construir el tan deseado centro hospitalario. Por su parte, los partidos tienen, en la asunción de esta promesa, la oportunidad de pescar votos en un caladero donde vive más de medio millón de personas.