Carmena frena los hoteles y no ataca a los pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento anuncia que paralizará las licencias de viviendas turísticas pese a que éstas no las necesitan. Las empresas hoteleras no podrán abrir un establecimiento en edificios residenciales.

El Ayuntamiento de Madrid activará en los próximos días una estrategia que, según su propio análisis, busca poner coto a la multiplicación de los pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad. Este plan contempla la puesta en marcha de una moratoria de al menos un año durante el cual no se concederán licencias para este tipo de viviendas con fines lucrativos. La fase de no concesión de licencias podrá verse prorrogada durante otro año adicional. A lo largo de este periodo, el área de Desarrollo Urbano Sostenible redactará un Plan Especial de Alojamientos Turísticos con el que poder regular esta actividad. La moratoria comenzará su vigencia en los próximos días y afectará al distrito Centro y a otros cinco barrios colindantes: Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, realizó este anuncio ayer a través de una entrevista. «Ante la inacción e indiferencia de la Comunidad de Madrid, nosotros tomamos las riendas y actuamos poniendo límites temporales, teniendo un registro y parando la concesión de licencias hasta que la situación se normalice», precisó el edil de Podemos después a través de las redes sociales.

Paradójicamente, tal y como señalaron los portavoces de los grupos de la oposición en el consistorio, el Gobierno regional, asociaciones vecinales y profesionales del sector, la medida no afectará a los pisos ilegales a los que se quiere combatir. Actualmente, los propietarios que alquilan sus viviendas a través de portales como Airbnb no necesitan licencia. O dicho de otro modo, las licencias sobre las que el Gobierno municipal ha anunciado que quiere aplicar una moratoria aún no existen.

En el otro extremo, el sector que sí puede verse afectado es el hotelero. Con la moratoria, no se autorizará la implantación de hoteles en edificios residenciales. Esta restricción en el cambio de usos de un edificio estará vigente durante uno o dos años, en lo que supone una medida similar a la aprobada por el Gobierno municipal de Barcelona, liderado por Ada Colau, poco después de acceder a la Alcaldía de la capital catalana. Sí podrán optar a una licencia aquellas cadenas o empresas que quieran abrir un hotel o pensión en edificios cuyo uso no sea el residencial. El primer paso de esta estrategia llegará el próximo jueves. El Ejecutivo de Carmena aprobará entonces una regulación para los pisos turísticos que ya avanzó la ex jueza en diciembre. Aquellas viviendas que se alquilen a turistas durante más de 90 días al año tendrán que pedir licencia. Por contra, los pisos cuyo uso lucrativo no rebase el umbral de los tres meses no necesitarán de un permiso municipal al encuadrarse, a ojos del Ayuntamiento, dentro de las actividades propias de la economía colaborativa. En virtud de esta regulación, Carmena anunció en diciembre que las primeras 1.000 licencias podrían empezar a concederse desde este mes de enero. No será así tras el volantazo protagonizado ahora por el delegado de Desarrollo Urbano. De hecho, nada más aprobarse la regulación de estas licencias quedará activada la moratoria. De forma paralela arrancará el periodo de uno o dos años que el consistorio se da para redactar el Plan Especial, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno y, tras un periodo de información pública, ratificado por el Pleno. Dentro de esta regulación, el Gobierno de Carmena podría incluir cupos máximos de licencias turísticas en aquellos barrios del Centro con más concentración de oferta.

Los planes del Ayuntamiento fueron recibidos con sorpresa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Cultura precisaron que, con este anuncio, «se confirma que el Ayuntamiento es experto en lanzar titulares e informaciones incompletas que luego es incapaz de explicar». Desde el equipo de Cifuentes criticaron que Carmena quiera activar «una moratoria sobre algo que no necesita licencia como son las Viviendas de Uso Turístico» y lamentaron que el consistorio desprecie «a la industria turística, que genera cerca del 7% del PIB en nuestra región». Recuerdan además desde el Gobierno regional que la mano derecha de Carmena, el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, reconoció a principios de mes que Madrid tiene capacidad para acoger hasta un 20% más de turistas. Los tres grupos de la oposición coincidieron en criticar la moratoria turística. El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Carmena de «mentir» a los madrileños, ya que la intención última de Ahora Madrid es implantar en la capital «la moratoria hotelera de Ada Colau que sirve para espantar al turismo». Para la edil socialista Mercedes González, «esta moratoria invisible es un titular que genera muy buena imagen pública; cuando rascas no hay nada detrás». La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, insistió en que la medida «no afecta ni afectará a una sola vivienda turística en Madrid».

En este argumento coincidió la empresa Airbnb, que a través de un comunicado reconoció que a sus anfitriones no les afecta la paralización de las licencias. El Colegio de Administradores de Fincas señaló que la planteada por Carmena «no es una solución porque seguirán de forma clandestina».

Los vecinos, también descontentos

«Lavapiés, ¿dónde vas?» registró hace unos días una propuesta en la web Decide Madrid para activar una moratoria de dos años en la concesión de licencias turísticas. Pese a ello, las asociaciones que integran esta plataforma criticaron ayer frontalmente los planes de Ahora Madrid: «Esas licencias a las que quieren aplicar una moratoria aún no existen. La moratoria del Ayuntamiento no hace referencia a los hoteles y hostels que continúan abriéndose, por lo que podrán seguir construyendo nuevos hoteles fuera de los edificios de uso residencial». Esta plataforma lamentó que Carmena «no tenga intención de escuchar a las vecinas e iniciar un proceso transparente y participativo en el que la ciudadanía pueda contribuir a diseñar un plan de ordenación».