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Carrillo gasta el doble en teléfonos oficiales que en el traslado de discapacitados

El acompañamiento a dependientes, que ha retirado días antes de acabar el curso, cuesta 3.600 euros al mes
El acompañamiento a dependientes, que ha retirado días antes de acabar el curso, cuesta 3.600 euros al meslarazon

Prometió austeridad cuando tomó posesión de su cargo, en junio de 2011; sin embargo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, no ha aplicado el mismo rasero en todas las partidas presupuestarias. Tal y como informó ayer LA RAZÓN, el rector de la UCM ha continuado con su política de recortes a las ayudas a los discapacitados.

Si a finales del año 2012 eliminó el servicio de atención socisanitaria a los alumnos con discapacidades, que les permitía disponer de becarios para que les acompañaran al cuarto de baño u otras instalaciones de la facultad, hace sólo dos semanas decidió cortar por lo sano con el servicio de acompañamiento desde su casa a clase a los ocho alumnos que necesitan de ayuda para poder llegar cada día al campus universitario.

La excusa del presupuesto

Cuando la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad, Famma-Cocemfe, denunció el recorte, desde la UCM se argumentó que «no recibe financiación de las autoridades educativas, sanitarias o asistenciales para cubrir ninguno de los programas que desarrolla para atender la integración de las personas con discapacidad». Carrillo negaba así la autonomía de la que goza por ley (artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades) para asignar los fondos que recibe de las distintas administraciones y de la matriculación de los alumnos y daba a entender que había falta de presupuesto para ayudar a los discapacitados.

No obstante sólo hace falta revisar las cifras que maneja anualmente el rector para valorar el presupuesto que destina a la discapacidad y a otras partidas del presupuesto que aprobó para 2013. La UCM cuenta con algo más de 516 millones de euros para este año 2013. De éstos, según reza en su presupuesto, Carrillo destina al programa específico de apoyo a personas con discapacidad 72.557,64 euros; es decir, el rector de la UCM destina a ayudar a los discapacitados que quieren estudiar un 0,14% del presupuesto.

Si sólo se atiende a lo que le costaba el programa de ayuda al traslado de casa a clase de los ocho alumnos que hasta ahora hacían uso del mismo, la comparativa resulta aún más sorprendente. Cada becario que presta esta ayuda recibe al mes 450 euros por llevar a cabo este servicio vital para los ocho discapacitados con necesidades para llegar desde su casa al campus. Es decir, el gasto de esta partida es de 3.600 euros al mes y 32.400 euros por el curso entero, de nueve meses. Hasta el curso pasado, un total de 438 trabajadores de la UCM tenían teléfono móvil a cargo de la Universidad. Aunque este año se han reducido los terminales a 186, la factura de teléfono anual de la Complutense se eleva a los 88.000 euros.

Aunque la hoja de ruta para este curso especifica que «la utilización de los vehículos oficiales será la mínima imprescindible y procurando que su utilización se adecúe al horario de trabajo», lo cierto es que la Universidad sólo en los seguros de la flota complutense (cuyo número total no es público) se gasta al año 27.010 euros, a lo que habría que sumar los gastos de gasolina y, si hubiera, de mantenimiento y pago de los vehículos.

Para FAMMA no sólo es que la UCM haya dejado en una situación de «total desamparo» a ocho alumnos que están en casa o pagándose taxis para ir a clase desde hace semanas; aseguran además que es «indignante» que la Complutense se presente como «pionera en la promoción de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito universitario» –tal y como detalla la UCM en su comunicado–, cuando la realidad, apunta su presidente, Javier Font, es que es «pionera en la destrucción de los planes de atención e integración del colectivo». Font recuerda además que en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica de Universidades se recoge que las universidades deberán tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Integración Social de Minusválidos (Lismi), para facilitar «la integración de estudiantes con discapacidades en la universidad».