La Guardia Civil «bucea» en busca de contaminación en Escombreras

Un equipo de buzos y biólogos de la Fiscalía y Benemérita toma muestras del agua destinada al consumo

El equipo de buceo de la Guardia Civil y los biólogos de la Fiscalía se desplazaron ayer a la desaladora de Escombreras con el fin de realizar una inspección ocular y tomar muestras del agua. De esta forma, se determinará si puede existir un delito contra el medioambiente y verificar si realmente el agua está contaminada. La operación se llevó a cabo tomando pruebas del agua en el cajón de captación de la dársena portuaria, de la red de suministro y del emisario de vertidos de salmuera, tal y como había solicitado la Fiscalía de Medio Ambiente «para ver la calidad del agua tanto de la que entra como de la que sale» para consumo.

Esta toma de muestras responde a la petición presentada y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, para esclarecer la gestión económica de la infraestructura.

Al mismo tiempo, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron también en la Consejería de Agricultura, dirigida por Adela Martínez-Cachá, en busca de información sobre la desaladora, y al no llevarse nada de las dependencias, procedieron también al registro del despacho de abogados Arnaldos&Asociados que presuntamente asesoró al entramado societario y llegó a ejercer como secretario de la desaladora.

El Gobierno colabora

Por su parte, el jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, mostró su disposición en la colaboración «absoluta» ante la inspección. Por ello, destacó la confianza en que «todo el mundo haga bien su trabajo», y aseguró que desde el Gobierno regional se aportará toda la «transparencia y colaboración».

No obstante, el portavoz del Comité Electoral del PSOE en la Región, Emilio Ivars, aseguró que si se determina y confirma la contaminación del agua que usa la desaladora, «estaríamos ante el mayor escándalo conocido en la Comunidad relacionado con la salud pública».

Por ello, solicitó que se dieran a conocer «cuanto antes» los resultados de las muestras tomadas, ya que al ser un asunto de interés y de salud, «con eso no se juega», y los murcianos necesitan saber si el agua está contaminada.

Asimismo, añadió que el asunto podría agravarse si se tiene en cuenta, a su juicio, que es una infraestructura «rodeada de corrupción y de desfase económico, foco de investigaciones en torno a la desaladora fomentada por el Partido Popular».

Igual de beligerante se mostró el diputado regional de Podemos, Antonio Urbina, al sumarse a la «preocupación por las negativas repercusiones financieras de la Comunidad que está teniendo la trama que envuelve la construcción» de la planta de Escombreras.

En este sentido, afirmó que la Asamblea Regional dará traslado «de forma inmediata» a la Fiscalía de todas las averiguaciones, «previstas a principios de julio».