La asistencia a víctimas de violencia de género cae a la mitad durante el estado de alarma

Las medidas de confinamiento se han plasmado en una reducción drástica de la asistencia del turno de oficio en Madrid a las víctimas de violencia de género. Según los datos facilitados por el Colegio de Abogados de la capital, esa prestación jurídica gratuita ha caído un 47 por ciento: 413 actuaciones frente a las 774 del mismo periodo del pasado año. Asimismo, las asistencias letradas en procedimientos abreviados a personas investigadas por violencia de género se han reducido en un 42%, pasando de las 1.200 de 2019 a las 698 prestadas durante el actual estado de alarma.

Ese descenso es aún más acusado en el total de asistencias prestadas por el turno de oficio. Entre el 14 de marzo y el pasado lunes se han contabilizado 3.745, muy lejos de las 10.033 registradas en esas mismas fechas en 2019, lo que supone una reducción del 63 por ciento.

Especialmente significativa es la disminución del 75% experimentada en el servicio de asistencias letradas a detenidos, con apenas 163 desde la aprobación del decreto de estado de alarma, cuando un año antes se habían producido 654. Una cifra prácticamente idéntica a la del servicio de asistencia a detenidos en los centros de detención o juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, donde el descenso es del 74% con 43 asistencias frente a 167 el año anterior, según informa en un comunicado el Colegio de Abogados de Madrid.

No obstante, en las áreas en las que más se han desplomado esas asistencias jurídicas son en los servicios de guardia en materia de extranjería (-86%) y protección internacional y delitos leves (ambas con un descenso del 91%).

Pese a estos datos, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, recuerda que "sigue habiendo delitos, situaciones donde es necesario por imperativo legal que estén abogados y abogadas asistiendo, y así lo están haciendo, mostrando una valentía y un arrojo verdaderamente encomiable".

El impacto de la pandemia sanitaria no ha sido tan acusado en el Servicio de Orientación Jurídica, pues en los meses de marzo y abril se han gestionado 5.865 llamadas, un 40% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se recibieron 12.050. La directora del área de Servicios a la Ciudadanía del ICAM, Marisol Cuevas, asegura que a pesar de la crisis sanitaria y las restricciones del estado de alarma los madrileños "han podido contar con una atención telefónica donde se ha dado respuesta inmediata a la problemática que haya podido surgir a raíz de la situación de alarma", y que ha generado -recuerda- nuevas situaciones en gran parte de la población, relacionadas, entre otras cuestiones, con ERTEs, despidos, alquileres, moratorias hipotecarias o régimen de visitas de menores.

El Colegio de Abogados recuerda que según la última encuesta de satisfacción, realizada en 2019, el 78% de los ciudadanos valoraron de forma satisfactoria este servicio, puntuándole con una valoración media de 3,8 sobre 5. Para Cuevas, estos resultados demuestran que el servicio de atención jurídica gratuita ha alcanzado “un alto nivel de calidad” debido principalmente a la especialización de los letrados que lo prestan. El reto es, añade, recuperar la atención presencial “de forma que el ciudadano pueda obtener un asesoramiento de calidad” y, más a largo plazo, “disponer de los medios necesarios para atender a quienes lo demanden sin demoras”.