Educación

Ayuso manda a la Asamblea su contrarreforma a la «Ley Celaá»

La Ley Maestra de Libertad Educativa podría estar aprobada el próximo curso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura el Curso de Verano 'El futuro de los autónomos y emprendedores en la era Post-Covid', a 2 de julio de 2021, en la Universidad Rey Juan Carlos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura el Curso de Verano 'El futuro de los autónomos y emprendedores en la era Post-Covid', a 2 de julio de 2021, en la Universidad Rey Juan CarlosMarta Fernández JaraEuropa Press

El Gobierno de Díaz Ayuso vuelve a la carga con su contrarreforma educativa a la “ley Celaá” que entró en vigor hace siete meses. Ayer, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa con la que se garantizar la subsistencia de la concertada, la libertad de elección de los padres y protege la educación especial que, a su juicio, quedan malparadas con la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe).

Se trata de la primera ley que el Ejecutivo de Díaz Ayuso manda a la Cámara regional esta legislatura y la segunda vez que se somete al procedimiento ya que, en enero pasado, la remitió para su tramitación pero la convocatoria de elecciones provocó que la iniciativa decayera. Tras recibir ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno, “aterriza” en la Asamblea de Madrid y se espera que esté aprobada a lo largo del próximo curso. Afectará a 1,2 millones de alumnos de centros educativos sostenidos con fondos públicos, de los cuales el 54,5% de los estudiantes de la región están escolarizados en centros públicos, el 29,6% lo hacen en centros concertados y el 15,9% en privados.

Derecho a estudiar en castellano

Ayuso ha empuñado la bandera de la defensa del castellano. La norma autonómica garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de la educación, después de que estos términos se hayan suprimido por la ley estatal, que da amparo legal a que en Cataluña la práctica totalidad de las clases se impartan en la lengua autonómica. Ayuso prevé incluso promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de la lengua oficial. “La Comunidad de Madrid promoverá, dentro del ejercicio de sus competencias este derecho mediante cualesquiera instrumento de colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas”, expone el anteproyecto.

Concertada en suelo público y si los padres quieren

La norma pretende garantizar la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas en los centros concertados y tendrá en cuenta la demanda social, un concepto que ha sido suprimido de la Lomloe y que Madrid Madrid lo incluye en su norma autonómica porque entiende que la ley estatal “pone en peligro la libertad de las familias madrileñas para elegir este tipo de educación y lo que pretende es perjudicar a la educación concertada y permitir que las comunidades socialistas no renueven los conciertos educativos y cuando éstos vayan a los tribunales no ganen las sentencias porque acreditan que hay demanda social”, aseguró ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio Es decir, se construirán colegios concertados, si los padres quieren.

La Comunidad podrá convocar concursos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público, al entender que esto también queda eliminado de la Ley Celaá.

Además, Ayuso ya decidió ampliar por decreto la duración seis a diez años de los conciertos educativos.

Educación especial: eligen los padres

La futura ley deja en manos de las familias con hijos con necesidades especiales que elijan entre las diferentes modalidades de escolarización existentes: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días). Aunque esta escolarización se revisará de forma continua «para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno». El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que, de esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial, frente a la Ley Celaá que «de manera soterrada» pretende llevar a los alumnos de la especial a los ordinarios, lo que abocaría a los primeros a su desaparición, según se ha denunciado.

Se pone especial énfasis en cuidar de este modelo educativo garantizando que la Administración educativa «dote de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulse la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales». Además, se promoverá la implicación de las familias para que su participación en la vida de los centros educativos sea aún mayor.

Con esta regulación “integral”, “se trata de evitar el vaciamiento de los centros de educación especial porque la ley Celaá dice, a través de una disposición adicional, que en diez años tendrán que transformarse y mediante los artículos 73 y 74 que, si los padres eligen un centro de educación especial, no tienen preferencia. Esa es la manera para irlos vaciando poco a poco y nosotros lo que decimos es lo que dice el sentido común”, ha asegurado el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Educación Diferenciada

La norma autonómica defiende que los colegios que separan a niños y niñas en aulas diferentes puedan seguir recibiendo conciertos porque considera que «no rompe la igualdad» y “es conforme a la Constitución”, frente a la ley estatal, que suprime los conciertos a este tipo de centros.

Distrito único

La ley pretende mantener el distrito único educativo, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño. Es decir, se podrá elegir centro con independencia del barrio de residencia. Este año, el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22. La cifra supone una mejoría de casi dos puntos con respecto a los datos registrados el pasado curso y es el mejor porcentaje registrado en toda la serie histórica.

Evaluaciones externas

habrá más evaluaciones externas que las que propone la Lomloe para poder evaluar los conocimientos que adquieren los alumnos.

Inspección educativa

“La ley Celaá establece un sistema nuevo para la selección de los inspectores que no quiere que sea a través de una oposición o por lo menos da la oportunidad a determinadas comunidades autónomas a que organicen otros sistemas de acceso”, ha dicho Ossorio. Sin embargo, en Madrid el acceso al Cuerpo de Inspectores seguirá haciéndose a través de un concurso oposición.