Ayuso lleva al Supremo a Sánchez por el reparto de fondos europeos y reclama 1.000 millones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner en manos de la Justicia, en este caso del Tribunal Supremo, el reparto de una parte adicional de los fondos europeos que “ha hecho de manera arbitraria el Ministerio de Trabajo al margen de los procedimientos”, ha dicho el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Desde el pasado mes de octubre, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso venía barajando esta posibilidad, tal y como adelantó LA RAZÓN, ante lo que, a su juicio, suponía una discriminación hacia Madrid por parte de Moncloa.

En concreto, la denuncia del Gobierno de Ayuso se refiere al reparto de unos fondos adicionales por valor de nueve millones de euros, en forma de subvención directa y por Real Decreto, concedidos por el Ministerio de Trabajo a cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura. Todo esto “al margen del reparto que ya se había aprobado y sin que haya ninguna razón que justifique porqué unas comunidades reciben unos fondos al margen del cauce y criterios establecidos. El Gobierno ha estado repartiendo fondos europeos a quien ha considerado sin procedimiento y con falta de transparencia”. La intención de la Comunidad de Madrid es que estas ayudas se reviertan y que estas actuaciones “arbitrarias” no se vuelvan a producir.

Lasquetty detalló que ya escribió sobre esta cuestión a la ministra Yolanda Díaz el pasado 22 de octubre y “han pasado dos meses y medio y no he recibido respuesta, con lo cual nos parece muy inaceptable y es intolerable que a cuatro Comunidades se dé un poquito de dinero de más”. En esta misma fecha, otras cuatro autonomías del PP remitieron una carta idéntica a Moncloa dando las quejas del reparto: Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía, pero ninguna de ellas ha llevado por el momento el caso a los tribunales.

El Gobierno de Díaz Ayuso ha sido muy crítico desde el principio con la distribución que se ha venido haciendo del dinero procedente de Europa para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. A Madrid se asignaron algo más de 1.200 millones de euros de los 10.000 millones asignados a España para hacer frente a los daños de la Covid-19, lo que supone un 12,8 del total de los fondos, una cantidad que Madrid siempre ha visto escasa porque contrasta con la proporción de habitantes que actualmente residen en la región (el 14,2 por ciento de la población total del país) y su elevada aportación al PIB (19,3%). Es por esto por lo que el consejero madrileño de Economía venía denunciando que, teniendo en cuenta la aportación del PIB madrileño al conjunto nacional, la Comunidad de Madrid debería recibir, como mínimo, 640 millones de euros más.

Lasquetty también ha venido siendo muy critico en los últimos meses con la «teledirección» a las comunidades a la hora de ver a qué deben dedicar el dinero procedente de Europa. «José Luis Escrivá se sentó con los consejeros de las comunidades autónomas y dijo que tal cantidad de dinero se tenía que dedicar a temas de inclusión social, es decir, se dio dinero a las autonomías para que hiciéramos lo que quería el ministro Escrivá», lamentó Lasquetty en una entrevista a LA RAZÓN.

Otros dos procesos judiciales

No es esta la primera vez que la Comunidad de Madrid se embarca en un proceso judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2019, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para reclamar el impago del IVA de 2017, que ascendía a un total de 377 millones de euros. De esta manera, entre unas cosas y otras, el Ejecutivo de Ayuso cree que el Gobierno central debería haberle asignado a Madrid más de 1.000 millones que no han llegado.

En 2017, el Gobierno implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA (Suministro Inmediato de Información –SII-) utilizando para ello medios electrónicos. Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses contabilizados, según argumentó en su día la Comunidad de Madrid.