Tribunales

El PP de Madrid amplía la denuncia por los contratos de compra de material sanitario del Gobierno central

Cree que se podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación

El portavoz parlamentario del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano
El portavoz parlamentario del Partido Popular en Madrid, Alfonso SerranoCarlos LujánEuropa Press

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, junto con el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, han acudido hoy a la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la denuncia presentada hace quince días por los contratos de compra de material sanitario del Gobierno de España.

Serrano ha asegurado que se aportan más pruebas, como las cuentas de la empresa vinculada con el marido de la ministra Nadia Calviño que “reflejan la existencia de una pérdida patrimonial y la posible deuda con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, dos hechos muy importantes porque inhabilitan a cualquier empresa para ser contratada por la Administración General del Estado”. Sin embargo, asegura que esta empresa recibió contratos del ministro Escrivá por reputación online. Estas mismas circunstancias de la empresa “inhabilitan para que una entidad sea acreditada como intermediario digital dentro del plan digital que lidera la propia señora Calviño”, con lo que, a su juicio, esta empresa esta empresa estaría inhabilitada para poder llevar a cabo estos contratos.

Asimismo se ha ampliado la información sobre dos créditos ICO que durante la primera ola recibió esta empresa de 350.000 y 500.000 euros, unos créditos que “eran muy demandados entonces y lo que sorprende es, aparte de la agilidad con que fueron otorgados es que el órgano encargado de la correcta distribución de estos fondos también era la propia Calviño”.

Por último, “hemos llegado, hasta donde podíamos, a la hora de desenterrar quién está detrás de estas empresas. Todos los contratos denunciados en la última ocasión puede ser de interés que la Fiscalía pregunte al Gobierno y les entreguen estos expedientes para ver con qué partidas presupuestarias fueron pagadas todos esos contratos porque algunos han podido ser abonados con fondos europeos”, ha sentenciado Serrano.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea llevó a la Fiscalía a siete empresas contratadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia a través de procedimientos de emergencia. Pidió la investigación del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para saber “qué ha pasado durante la pandemia”.

Las empresas a las que responsabiliza la presidenta madrileña de estos contratos son Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A. (Beedigital), un contrato por valor de 532.400 euros; Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., dos contratos por 40.179.355 euros; cuatro contratos para FCS Select Products S.L, por valor de 263.126.600; un contrato a Weihai Textile Group, por 10.192.606 euros; dos contratos con Members of the Tribe S.L.U., por valor de 9.444.000 euros; un contrato con Hyperin Grupo Empresarial, por 3.310.000 euros. En total, 326.784.961 euros.

Los populares han presentado una denuncia ante lo que consideran “una posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación” en relación con siete empresas y hace mención “a doce contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros”.