Justicia
Más Cámaras Gesell y perros de apoyo en juicios
Desde abril, los juzgados de Plaza de Castilla dispondrán de una Oficina de Atención a las Víctimas del Delito
Antes incluso de acudir a la Policía a interponer una denuncia, es posible acudir a una Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en busca de ayuda. «Aquí proporcionamos asesoramiento sobre una posible denuncia, orientamos sobre si el caso requiere una orden de protección, dependiendo del tipo de delito, y derivamos al servicio de orientación jurídica de manera gratuita o al Colegio de Procuradores, para informar sobre el procedimiento», explica María Jesús Juárez, directora de la Red de Oficinas de Atención a Víctimas del Delito. Ahora, con la pandemia y la crisis, la mayor parte las personas que han acudido a este servicio ha sido por delitos relacionados con la libertad sexual, por violencia de género o conflictos de índole familiar y el resultado ha sido muy satisfactorio de tal manera que lo que se pretende es extender este servicio. De momento, los juzgados de Plaza de Castilla dispondrán de una de estas unidades dotadas de un psicólogo y un trabajador social.
Igualmente, en los próximos meses entrarán en funcionamiento seis nuevas oficinas en Navalcarnero, San Lorenzo del Escoria, Parla, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey. La idea, no obstante, es que antes de que acabe la legislatura haya oficinas de Atención a Víctimas del Delito (OAVD) en todos y cada uno de los 21 partidos judiciales, excepto en el caso del partido judicial de Torrelaguna, donde prestará servicio la de Colmenar Viejo, mientras que Pozuelo prestará servicio también a Majadahonda, según ha informado la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.
Solo el partido judicial de Madrid ya cuenta con tres de estas unidades, contando con las existentes previamente en los juzgados de la Calle Albarracín, 31 (Juzgados de Violencia sobre la Mujer) y los de Julián Camarillo. Fuera del partido judicial de Madrid hay cinco OAVD, cada una de ellas dotadas con un gestor procesal: Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles.
Justicia cree que a medida que se abran oficinas el número de usuarios va a ir en aumento habida cuenta de que durante este último año un total de 3.851 víctimas han sido atendidas. De estas últimas, 3.509 fueron mujeres, de las cuales 191 eran menores de edad.
El 60% de las asistencias prestadas por esta red de asistencia jurídica, psicológica y social a las mujeres fueron a mujeres víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (1.148) y de violencia machista (1.092).
La apertura de estas oficinas, supondrá la creación de una nueva plantilla de funcionarios, especialmente de psicólogos. «Con estas medidas, el Gobierno regional reafirma su firme compromiso comprometido en la atención a las víctimas más vulnerables, especialmente a las mujeres que sufren violencia de género y contra la libertad y la indemnidad sexual», aseguran desde la Comunidad.
Mientras, desde estas oficinas se trata de promocionar un servicio que también está dando muy buen resultado, como es el de perros de apoyo en sede judicial que recibe el nombre de «proyecto Dogtor», de tal manera que, en el caso de menores vulnerables que tengan que acudir a un juzgado a declarar, pueden ir acompañados de un perro entrenado para hacer más llevadera la situación. El proyecto está en marcha desde 2014, pero ahora la idea es potenciarlo desde estas oficinas. Solo en lo que llevamos de año, ocho niños han acudido a declarar con un perro porque «está demostrado que el contacto con los animales reduce el estrés, la presión arterial y rebaja la ansiedad», explica la psicóloga clínica Vanessa Carral, que explica que la mayor parte de los perros de apoyo suelen ser de la raza labrador. Muchos de estos menores o personas con discapacidad acuden a declarar a cámaras Gesell de los juzgados, otro de los elementos que se quiere potenciar, una habitación contigua separada por un espejo espía de -juez, fiscal, secretario, o abogados, donde un psicólogo o trabajador social atiende formula el interrogatorio a través de un pinganillo con un lenguaje adaptado. La declaración se graba y queda como prueba preconstituida.
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