El juez insiste: Medina y Luceño perjudicaron al Ayuntamiento de Madrid

El juez Adolfo Carretero, instructor del «caso mascarillas» –la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario– sigue viendo al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida como perjudicado en esa operación, lo que legitima su presencia en el procedimiento como acusación particular.

Así lo defiende el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en una resolución en la que rechaza la pretensión del empresario Luis Medina –que con su socio en la operación, Alberto Luceño, se repartieron 5,6 millones de euros en comisiones por su intermediación en la venta de guantes, test Covid y mascarillas, cuyos precios inflaron hasta un 81 por ciento– de que se apartara al Ayuntamiento de la causa.

La defensa del empresario argumentaba que el Consistorio de la capital no puede ser perjudicado porque fue Elena Collado, coordinadora municipal de Presupuestos (y a quien puso en contacto con Medina un primo del alcalde), la que firmó los tres contratos para la venta del material, así como la devolución de cuatro millones de dólares por los guantes defectuosos. Además, añadía, «nada dijo cuando se le mandaron los reactivos para validar los test defectuosos» (de los 250.000 entregados, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable según Anticorrupción).

Pero lejos de asumir ese razonamiento, el magistrado aclara que «no se debe confundir» a Collado (que está citada como testigo el próximo 10 de mayo) con el propio Ayuntamiento, «que tiene su patrimonio público independiente». Además, recuerda que la alto cargo municipal se quejó a los dos empresarios «por el exceso del precio de los contratos y mala calidad de los guantes y test de Covid».

Más Madrid no ve motivos para imputar al primo del alcalde

En todo caso, hace hincapié, el Ayuntamiento que dirige Martínez-Almeida «debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esa ocultación supuso un perjuicio económico» a la Casa de la Villa, «con independencia de la actuación» de Collado.

Por otro lado, Más Madrid –que ejerce la acusación popular– ha vuelto a reclamar al juez que cite como testigo a Carlos Martínez-Almeida, el primo del regidor a quien recurrió Medina para acceder al Consistorio con el objetivo de ofrecer el material sanitario. Podemos ha pedido que comparezca como imputado, pero la formación de Rita Maestre discrepa pues considera –y así lo pone de manifiesto en el escrito que ha remitido al instructor– que «en el momento actual no existe base suficiente para imputar al mismo la comisión de ningún delito».

Asimismo, y respecto a los derechos hereditarios sobre la herencia de su abuela paterna que Medina ha ofrecido para hacer frente a la fianza de 891.427 euros, Más Madrid considera que el empresario solo pretende «intentar defenderse del delito de alzamiento de bienes» (el juez únicamente halló en sus cuentas 147 euros) porque esos derechos «ya han sido embargados».