Medina ofrece la herencia de su abuela para hacer frente a la fianza

Luis Medina -investigado en el “caso mascarillas” junto al también empresario Alberto Luceño por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en marzo de 2020- ha puesto a disposición del juzgado la herencia que le corresponde de su abuela paterna para hacer frente a la fianza que el exige el instructor ante posibles responsabilidades civiles (si fuese condenado a reparar el daño causado al Consistorio por lo que Anticorrupción considera un sobreprecio “exagerado” por sus labores de intermediación).

Según confirman fuentes jurídicas, la defensa de Medina, que ejerce el letrado Carlos Texidor, presentó un escrito el pasado domingo, horas antes de que expirase el plazo dado por el instructor para cubrir la totalidad de la fianza impuesta, que alcanza los 891.227 euros, poniendo a disposición del juzgado como garantía la herencia que el empresario va a percibir de su abuela, María Eugenia Fernández de Córdoba, duquesa de Medinaceli, fallecida en 2013, un montante que según su defensa excede con creces el importe de la fianza.

Hasta ahora, el magistrado solo ha podido embargarle el yate matriculado en Gibraltar que compró por 325.515 euros con parte del dinero que obtuvo de comisión (un millón de euros), dado que en sus cuentas solo había un saldo de 247 euros y no había ni rastro de los 400.000 euros que adquirió en bonos, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, le imputó un delito de alzamiento de bienes y le dio tres días de plazo para, bajo amenaza de embargo, hacer frente a la fianza exigida.

“No tengo intención de defraudar nada”

En su declaración ante el juez, Medina explicó que dispuso del dinero de los bonos “antes de ser llamado por la Fiscalía en abril de 2021″ y que lo utilizó para «préstamos» y para “ayudar a la gente”. Según su versión, el fiscal no le dijo “que tuviera prohibido disponer de ellos”. “No pensé que hubiera nada irregular”, insistió.

Esos bonos, aseguró, los adquirió un mes después de cerrar la operación y dispuso de esas cantidades, añadió, desde su adquisición hasta la declaración ante el fiscal, “pero no de todo”.

Asimismo, negó que vaciara sus cuentas para sortear la decisión judicial. “No tengo intención de defraudar nada. Estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes”. “No hay un solo euro en el extranjero”, recalcó.