Polémica

El Ayuntamiento de Madrid denegará el permiso para celebrar el “referéndum republicano”

Alegan que no es una consulta permitida por la ley y que algunos distritos “presentan problemas de movilidad”

Varias personas con banderas republicanas marchan por el Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, en la Gran Vía, a 1 de mayo de 2022
Varias personas con banderas republicanas marchan por el Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo, en la Gran Vía, a 1 de mayo de 2022Alejandro Martínez VélezEuropa Press

Mañana, 14 de mayo, varios distritos de la capital, así como otros municipios de la región, están «llamados» al «referéndum» promovido por la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, que se celebrará en toda España. En total, 101 puntos habilitados por toda la región de Madrid. Sus promotores, que cuentan con el apoyo de Podemos, IU, PCE y Anticapitalistas, afirman que su única intención es la de realizar una «encuesta sociológica». El resultado es lo de menos. La cuestión clave: ¿cuentan con los permisos pertinentes para llevarlo a cabo?

Según afirman fuentes municipales a LA RAZÓN, los promotores han solicitado permiso a las Juntas de Distrito. Sin embargo, señalan que no es una consulta permitida por «la Ley de Bases de Régimen Local ni por el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana». Todo esto, sumado a que «algunos distritos presentan problemas de movilidad», provocará la «denegación de dichas consultas».

Por su parte, desde Delegación del Gobierno señalan a este diario que los organizadores de esta «consulta» no se han «acogido al derecho de reunión», entendido como tal la concurrencia temporal de 20 personas o más. «La Delegación del Gobierno en Madrid no tiene competencias para prohibir o autorizar estas peticiones, más teniendo en cuenta que estas convocatorias no conllevan riesgo de alteración del orden público o para la seguridad de las personas», añaden. «La anunciada convocatoria de una ‘’consulta popular’' no puede entenderse como tal, ya que tendría que haberse aprobado por los plenos de los Ayuntamientos y haberse autorizado por el Ministerio de Política Territorial», argumentan. Y concluyen: «Aún así, toda la documentación que se reciba será enviada a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para su conocimiento».