El TC admite el recurso de Ayuso contra el servicio estatal para familias de acogida de menores

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencias que planteó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al considerar que la implantación de un servicio estatal de "captación, sensibilización, fidelización y formación" de familias interesadas en el acogimiento de menores de edad tutelados por las administraciones públicas, contrato licitado por el Ministerio de Derechos Sociales, invade las competencias autonómicas sobre menores.

La Comunidad de Madrid defiende en su recurso que ese servicio podría vulnerar su competencia exclusiva sobre protección y tutela de menores, amparada en apartado 24 del artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Para el Ejecutivo regional, se trata de una "intromisión" en las competencias autonómicas que califica de "unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional", según puso de manifiesto la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en su informe.

La corte de garantías ha acordado asimismo trasladar a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la admisión del conflicto de competencias por si ante el tribunal se hubiese impugnado (o se haga en el futuro) el citado contrato, en cuyo caso -recuerda- deberá suspenderse el curso del proceso hasta que el TC resuelva la controversia competencial, tal y como dispone el artículo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Madrid reclama la "plena gestión"

La Consejería de Familia del Gobierno regional ya instó sin éxito al Gobierno, en diciembre del pasado año, a través de un requerimiento, para que diera marcha atrás en la licitación del polémico contrato -ahora gestionado por el Ministerio de Juventud e Infancia- argumentando una invasión competencial.

El Gobierno de Ayuso esgrimió en una nota de prensa al presentar el recurso que, "como se advierte en la propia memoria justificativa del contrato del Gobierno central, son las comunidades autónomas las que ostentan la plena gestión en este ámbito como entidades públicas de protección". DE ahí que, hacía hincapié, es la Comunidad de Madrid la que tiene atribuida una "competencia exclusiva" en protección y tutela de personas menores y en el desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud, no solo en virtud de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, sino también en aplicación del artículo 93 de Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, para el fomento del acogimiento familiar.

El proyecto está financiado con fondos europeos y se pone en marcha a lo largo de este año en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid.