La semana en la que José Luis Martínez-Almeida regresa al Ayuntamiento, Ayuso libra más batallas con Moncloa: la inmigración, la quita de la deuda, los ataques de Salvador Illa a Madrid o los pasajeros tomando las vías en Atocha. Una nueva avería en los trenes gestionados por el Departamento de Óscar Puente ha elevado la tensión y terminado con la paciencia de los ciudadanos. En plena vuelta al trabajo, el ministro advierte que nos tenemos que acostumbrar a estos hechos y calcula que al menos se esperan dos años más de incidencias.

A las puertas del inicio del curso escolar, con medidas innovadoras en la región, Madrid ha arrancado septiembre bajo la mirada nacional. Hasta el regreso del alcalde ha estado en el foco. Almeida volvió al Ayuntamiento tras seis semanas de baja por paternidad y lo hizo con una frase que agitó la política madrileña: «Si mañana hay elecciones sería el candidato para tratar de revalidad la alcaldía». Después quiso zanjar el tema tras el suspense provocado por sus declaraciones a finales de agosto: «No hay que hablar de mi futuro sino del futuro en la ciudad de Madrid».

Su regreso sirvió de arranque a un curso político que comienza cargado de frentes abiertos. Los sucesos en el centro de menores de Hortaleza han encendido las alarmas. La detención de un joven por la presunta agresión sexual a una adolescente en el centro de acogida y los disturbios posteriores han devuelto a la inmigración al centro del debate. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido crítico con los inmigrantes irregulares «complicados». Tras una legislatura con numerosos choques con Vox por distinguir entre inmigración y convivencia y seguridad, el Ejecutivo madrileño ha solicitado la expulsión de 37 menores irregulares. Mientras Vox impulsaba concentraciones por los últimos acontecimientos, el delegado del Gobierno en Madrid endurecía su discurso contra la formación, aprovechando la polémica para destacar como figura emergente en su partido. Así lo entienden en las filas populares, que atribuyen a guerras internas el exceso de protagonismo del dirigente socialista.

Mientras desde Sol reclaman a Moncloa la devolución inmediata de menores conflictivos, los socialistas critican que se utilicen los últimos sucesos para «hacer política del miedo». En esa línea, Más Madrid ha reclamado refuerzos educativos y sociales y no «chivos expiatorios». El propio Almeida optó por un tono más prudente y alertó de que «me parece perfectamente legítima una protesta, pero esa propuesta, a mi juicio, no debería hacerse».

Al alcalde le parece «intolerable que el Gobierno de España no haya ejecutado ya la repatriación de los 37 menores extranjeros solicitada por la Comunidad de Madrid como consecuencia de las infracciones que han cometido».

El cisma entre las Administraciones madrileñas y el Gobierno de Pedro Sánchez continúa este curso en el que el caos en el sistema ferroviario será una pesadilla confirmada por el ministro Puente. La confrontación se ha agudizado en el comienzo de curso después de que el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se uniera al coro de agitadores contra Isabel Díaz Ayuso. Antes de visitar a Puigdemont en Bruselas, con la foto más comentada de la semana, el socialista quiso desviar el foco acusando a Madrid de «dumping fiscal» y de mantener privilegios. La presidenta madrileña replicó con ironía: «Si nos acusan de atraer empresas y empleo, que sigan acusándonos».

El frente de la financiación volvió esta semana. El Gobierno anunció la condonación de la deuda a las Comunidades autónomas y Ayuso respondió con dureza: «Llega tarde y responde a pactos con independentistas. No vamos a aceptar chantajes». El PP de Madrid presidido por la mandataria presentará mociones contra la condonación de deuda en todos los ayuntamientos de la región. Los populares acusan a Sánchez de castigar a Madrid por su «modelo de éxito» y de seguir la hoja de ruta independentista en beneficio de Cataluña.

El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez establece que el Estado asuma 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, una medida que los populares califican de «estafa». El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, advirtió que España atraviesa «un momento grave» porque «los cimientos del sistema están siendo violentados desde la Presidencia del Gobierno».

Los populares abrieron el curso político en Arganda del Rey donde acudió el presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo. El líder popular excusó su presencia en el acto de apertura del año judicial por los «ataques y difamaciones del Gobierno a los jueces que investigan a su familia» y porque asegura que no puede convalidar «que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando».

El cónclave popular incidió en la ofensiva contra el presidente del Gobierno. Pasado el ecuador de la legislatura, la hoja de ruta en Madrid pasa por exhibir músculo en la gestión frente a la «parálisis» de Moncloa. Ayuso cerrará el presupuesto autonómico demostrando capacidad para aprobar las cuentas que le permitirán gobernar un año más. Además, en el PP presumen de haber puesto en marcha ya el 95 por ciento del programa electoral, con la Educación como una de sus prioridades.

El lunes abrirán las aulas con cambios que el Gobierno regional presenta como su apuesta educativa. Jornada partida, limitación de pantallas en Infantil y Primaria y patios disponibles para actividades. Isabel Díaz Ayuso defendió que se trata de «devolver a los niños a la normalidad y al contacto humano» y permitir a las familias conciliar. La vuelta al colegio comienza con menos alumnos por aula y récord en la incorporación de nuevos docentes. En los hogares madrileños, con la nueva tasa de residuos. Más de un millón y medio de hogares afrontarán un recibo medio de 141 euros al año, con diferencias que en algunos distritos alcanzan los 500. El Gobierno regional califica la medida como «inevitable» para cumplir con las exigencias que marca la Unión Europea. El alcalde de Madrid que dice volver con la «misma ilusión, ganas y alegría» insiste en que la tasa ha sido «impuesta» por una ley estatal del Ejecutivo de Sánchez y que no es una medida que en el Consistorio tuvieran prevista. La expectación ante el Debate del Estado de la Ciudad es máximo.