El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por presuntas irregularidades en la contratación pública entre los años entre 2015 y 2023, coincidente con el Gobierno socialista, por un montante total de 228.075,08 euros. La denuncia, firmada por el alcalde de la localidad, el popular Sergio Sánchez Yunquera, fue acordada el pasado 11 de abril y se basa en informes técnicos y jurídicos que aluden a "graves anomalías".

Así, de 290 facturas analizadas, solo 4 cumplían con todos los requisitos legales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Entre las irregularidades denunciadas figuran las siguientes:146 facturas aprobadas con "reparo suspensivo" (objeción que paraliza el pago); 57 facturas sin fiscalizar o sin informe técnico; 49 facturas con informe de disconformidad no suspensiva; 34 facturas con propuestas de gasto genéricas o sin presupuestos, según expone la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Además, “se identifican conformidades firmadas por concejales a favor de personas con las que mantenían vínculos de parentesco directo, sin que conste abstención o análisis de conflicto de interés”, expone la denuncia, en la que se incluyen 13 documentos anexos, entre ellos providencias de alcaldía, informes periciales, listados de facturas y certificaciones de acuerdos.

El Ayuntamiento de El Boalo materializa así su anuncio de emprender acciones judiciales contra Soledad Ávila Ribada, concejal del PSOE y actual portavoz del Grupo Municipal, a la vista de que, de acuerdo a los informes municipales, habría favorecido, presuntamente, a varios miembros de su familia con contratos por un importe superior a 135.000 euros. Todo ello lo habría hecho sin respetar los procedimientos administrativos y vulnerando, presuntamente, la normativa vigente, según el Gobierno de Sánchez Yunquera, entre los años 2015 y 2023, cuando ocupaba el cargo de concejala de Educación, Juventud y Familia y tercera teniente de alcalde de la localidad. Al parecer, durante ese tiempo, la edil socialista contrató, de manera recurrente, a tres de sus hermanos, una cuñada y dos sobrinos, por un importe total de más de 100.000 euros, aunque fuentes municipales aseguran que “ya venía haciéndolo con anterioridad, desde 2011, lo que supone una cifra de más de 130.000 euros”.

El Actual Gobierno municipal se puso sobre la pista del caso el pasado mes de enero, cuando inició los trámites para realizar un análisis forense, que realizó una consultora, sobre las relaciones del Ayuntamiento con sus proveedores durante el período 2015-2023. Esta decisión “se tomó tras detectarse claros indicios de irregularidades”. La investigación luego fue confirmada por informes del Secretario y de la Interventora municipales. El análisis forense constató en su día que “las facturas fueron aprobadas directamente por la Junta de Gobierno o por el propio alcalde, Javier de los Nietos Miguel (PSOE), sin el cumplimiento de los preceptivos procedimientos administrativos. Algunas de ellas carecían de la fiscalización previa de la intervención municipal y, en otros casos, existían informes negativos o en disconformidad”, apuntan desde el Consistorio.