Ayuso dará más financiación a las universidades, si los alumnos consiguen empleo

Avanza la negociación entre la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas madrileñas, que ayer recibieron un nuevo borrador con todos los detalles de la Ley de Universidades autonómica (LESUC) y que aborda uno de los temas más espinosos y que más preocupan: la financiación. Se mantiene la idea de que esta sea plurianual y revisable, pero no se fija una cantidad de referencia que incluya, por ejemplo, el ansiado 1% del PIB que se ha fijado en el horizonte de la Ley de Universidades estatal, sin que todavía nadie sepa cómo se va a pagar esta cantidad en las autonomías. «El impacto presupuestario de la norma se atenderá con los medios que se pongan a disposición de la Consejería para su efectivo despliegue», expone el anteproyecto de la ley madrileña, dejando en el aire este asunto, por ahora.

La norma prevé lo que denomina una financiación básica para garantizar que las seis universidades públicas puedan funcionar con un nivel suficiente y homogéneo de calidad. Esto cubrirá los gastos de personal y los corrientes, por ejemplo. Una cantidad que se extraerá, en parte, de lo que ingresan las universidades por tasas y precios públicos.

Pero cada una de las universidades madrileñas tiene sus singularidades, algunas con un amplio patrimonio histórico que hay que conservar. Por eso, recibirán una financiación por lo que se denomina «necesidades específicas», con la que podrán abordar nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Los campus también tendrán financiación si cumplen determinados objetivos que se propongan y que quedarán fijados en lo que se denomina un «contrato-programa». Así, tal y como figura en el anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades, tendrán más financiación aquellas que demuestren mayor nivel de inserción laboral de los alumnos que hayan titulado y la calidad de los empleos que hayan obtenido. Precisamente, la inserción laboral de los estudiantes de las universidades públicas se ha considerado una asignatura pendiente o, al menos, un área de mejora. Y es que se da la circunstancia, según una encuesta de la Fundación Universidad-Empresa, que seis de cada diez estudiantes universitarios españoles creen que no están preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad. De hecho, un 90% opina que es necesaria una formación adicional para adecuar su perfil a lo que demandan las empresas.

También se dará más financiación a las universidades en las que los consejos sociales colaboren más activamente, impulsando acuerdos con empresas o entidades empresariales que ayuden a la mejora de la docencia. El borrador de la LESUC también «premia» a aquellos campus que sean capaces de atraer profesorado internacional o implanten pruebas de acceso a los grados que eleven la exigencia, como es el caso del de Educación Infantil y Primaria. Se trataría de establecer una especie de criba para lograr que a este tipo de formación solo accedan los mejores expedientes académicos y así prestigiar la profesión.

Si bien ahora las carreras científicas y técnicas son las que atraen a un mayor número de alumnos porque tienen más salidas laborales, se pretende incentivar a aquellas universidades que oferten títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de Madrid, como cuidados paliativos, industria aeroespacial, o Madrid como potencia cultural y capital de los estudios superiores y las artes en español.

Fondos de inversión

Isabel Díaz Ayuso quiere una universidad conectada a la empresa en un mundo social sometido a una rapidísima evolución. Por eso, recibirán también financiación adicional aquellas que dispongan de personal docente e investigador con vinculación laboral en el ámbito de la empresa o de la industria. O aquellas que tengan más patentes o sean capaces de atraer fuentes de financiación privada para potenciar el modelo público-privado de colaboración también en este ámbito. También se «premiará» a aquellas que colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a las que incorporen a los planes de estudio materias que garanticen contenidos generalistas, especialmente de humanidades, en todos los grados.

Por su parte, las universidades podrán obtener fondos de mecenas (como Banco Santander) y patrocinios, podrán centralizar sus compras, establecer servicios comunes entre universidades y, si tienen remanentes de tesorería, podrán hacer préstamos entre ellas «a tipos de interés preferente». También podrán crear sus propios fondos de inversión o usar otros métodos financieros para conseguir más dinero.

Un interventor controlará el gasto

La LESUC introduce un sistema de control económico más riguroso. Cada universidad deberá detallar todos sus ingresos y gastos. De hecho, una de las novedades más destacadas es la implantación obligatoria de un sistema de contabilidad analítica, que permitirá conocer con precisión en qué se gasta cada euro. Para garantizar el buen uso de los fondos públicos, cada universidad deberá contar con un Interventor independiente, nombrado por el Consejo Social, encargado de auditar internamente el gasto. Este cargo tendrá autonomía y una duración de seis años no renovable, con la obligación de informar sobre la economía.