El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid ha absuelto a una comerciante del distrito de Usera de los delitos de propiedad industrial, salud pública e intrusismo profesional por los que había sido acusada por algunas de las grandes firmas de lujo, entre ellas Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, Loewe, Balenciaga, Yves Saint Laurent y Moschino.

El caso se remonta a una inspección policial realizada en 2019 en un local de la calle Dolores Barranco. Durante el operativo, los agentes localizaron decenas de artículos presuntamente falsificados, desde bolsos y prendas de ropa hasta cosméticos. También se investigaba si en el sótano del establecimiento se llevaban a cabo tratamientos estéticos sin licencia.

La Fiscalía de Madrid había solicitado para la propietaria hasta tres años de prisión, además de cuantiosas indemnizaciones a favor de las marcas denunciantes, al considerar acreditada la venta de falsificaciones.

Sin embargo, la magistrada ha dictado una sentencia absolutoria aplicando el principio de 'in dubio pro reo', al no quedar demostrado que la acusada tuviera conocimiento de la exposición o comercialización de los productos incautados.

La defensa

La defensa sostuvo durante el juicio que su clienta era únicamente la titular del local y que había arrendado el negocio a otra persona, también de origen chino, quien sería la encargada de la actividad comercial y del personal del establecimiento.

En la sentencia, el tribunal subraya además que no se ha probado que los supuestos cosméticos fueran nocivos para la salud ni que la empresaria realizara actividad médica o estética alguna en el sótano del local.

Esto pese a que un agente policial declaró haber encontrado camillas y dispositivos para inyectar, y a que una perito de la Agencia Española del Medicamento informó de la existencia de 16 muestras, jeringas y cánulas sin marcado CE ni etiquetado en castellano.

Para la defensa, esa situación era ajena al conocimiento de la propietaria, dado que el espacio se encontraba arrendado y gestionado por terceros.

Con esta resolución, la Justicia rechaza las acusaciones formuladas por las grandes marcas de moda y exime a la empresaria de toda responsabilidad penal. Asimismo, decreta que las costas del proceso sean declaradas de oficio.