Agentes de la Policía Municipal de Madrid han desmantelado una clínica dental clandestina en la calle San Luciano, en el distrito de Villaverde, y han detenido al supuesto odontólogo por presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa y vulneración de la legislación sanitaria, y también a la persona que le ayudaba, ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

La investigación comenzó en noviembre tras una denuncia formal del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, que alertó de la existencia de un local abierto al público donde presuntamente se realizaban tratamientos protésicos y actos propios de la odontología sin la debida cualificación.

El establecimiento, situado en la calle San Luciano, se anunciaba activamente a través de redes sociales y contaba con una amplia clientela, varios de cuyos pacientes afirmaron haber sido atendidos por un supuesto dentista. Algunos de ellos reportaron lesiones, lo que agravó las sospechas de estafa y negligencia profesional.

Durante las vigilancias previas, los agentes confirmaron la existencia de una actividad sanitaria irregular. El local estaba conectado a una vivienda en el mismo inmueble, donde la inquilina, y a la postre detenida, impidió la entrada a la Policía. Por ello, fue necesaria una orden judicial para proceder al registro.

En el dispositivo del pasado 20 de marzo, los agentes hallaron en el interior del local restos biológicos, instrumental quirúrgico, agujas usadas y residuos médicos sin gestionar conforme a la normativa sanitaria y ambientales, lo que evidenciaba un riesgo para la salud pública. Además, el espacio no estaba acondicionado como centro sanitario y carecía de medidas mínimas de salubridad.

En el operativo participaron un inspector, un subinspector, dos oficiales y 17 agentes de diferentes comisarías. El principal detenido, de nacionalidad sudamericana, reconoció haber ejercido como odontólogo sin estar habilitado legalmente, y admitió que tenía juicios pendientes por hechos similares.

La segunda detenida, también sudamericana, colaboraba en la atención a pacientes y residía en España en situación administrativa irregular, lo que podría derivar en actuaciones por infracción a la Ley de Extranjería.

La clínica contaba ya con varias denuncias administrativas por ejercer sin licencia, no estar registrada como centro sanitario y carecer de cobertura de responsabilidad civil. La investigación continúa bajo la instrucción del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que determinará las responsabilidades penales de los implicados.