Madrid: la tasa de basuras amenaza con un aluvión de recursos

Las consultoras jurídicas están recibiendo las primeras llamadas. Los recibos de sus clientes, algunos por un importe de 200 euros para este 2025, han hecho que muchos madrileños se pongan en guardia. Los abogados ven posibilidades: «Hay base legal para que los recursos prosperen», explican a LA RAZÓN desde Legálitas.

El Ayuntamiento de Madrid se prepara para recibir un aluvión de recursos por la aplicación de la tasa de basuras, o el «sanchazo», como subraya el Consistorio. El propio alcalde se refirió ayer a la situación: «Desde el primer momento dije que iba a haber reclamaciones y demandas», afirmó, tras recordar que «el Gobierno de España nos ha dejado tirados, nos ha impuesto una obligación de ley y nada más». Unas palabras con las que el regidor contraatacó los reproches de la izquierda: «Que ahora Más Madrid y PSOE estén haciendo campañas de impugnación judicial lo único que revela es su falta de vergüenza, credibilidad, coherencia y valentía para decirles a los madrileños que la tasa existe porque ellos la han puesto y obligan a los ayuntamientos».

Efectivamente, como recuerda a este diario Soledad Carbonero, abogada fiscalista de Legálitas, la tasa responde a la aplicación de la Ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El texto supone un «mandato para todas las entidades locales, que tienen que establecer un sistema de tributos de cobertura del coste de las operaciones de recogida y transporte de residuos». Sin embargo, los abogados consideran que la ley «apunta más a un sistema que plantea los costes en función de la generación: el que más contamina, más paga». Y «el sistema de cálculo» de la ordenanza municipal «no cumple con ese mandato».

Por lo menos así ha ocurrido en 2025. El Ayuntamiento creó la tasa mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación. Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el valor catastral de cada vivienda o local, mientras que, para la de generación, se tomó como referencia la cantidad de residuos producidos y el porcentaje de calidad de la separación en cada uno de los 131 barrios de la ciudad, un dato aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

En opinión de Carbonero, es ahí donde reside una de las fragilidades del sistema: «La tarifa básica se aplica según el valor catastral, cuando a lo mejor en una casa de 60 metros cuadrados viven diez personas y en una de 150 metros, una sola, generando más residuos la primera». Y en cuanto a la tasa de generación, se basa en un porcentaje «indeterminado». «El contribuyente, de entrada, no sabe lo que va a pasar en su barrio el año que viene. El Ayuntamiento remite a una serie de informes realizados por ellos mismos».

En resumen, la tasa «es mejorable». Prueba de ello, señalan desde Legálitas, es el hecho de que el Consistorio, para 2026, ha «rediseñado» el sistema, que, a partir del 1 de enero, establecerá diez tramos en función del número de empadronados en cada inmueble, desde una persona hasta diez o más.

En todo caso, en Legálitas aconsejan pagar el recibo, aunque posteriormente se recurra. «Cualquier tributo tiene un sistema de recaudación que otorga un periodo voluntario. Si no pagas, aunque recurras, se produce una providencia de apremio, por la cual la Administración puede recaudar de modo ejecutivo y hacerlo con un recargo del 20%», concluye Carbonero.