El «informe Torres» de la UCO, el juicio a García Ortiz y Leire Díez: las próximas amenazas de Sánchez

A las puertas de que se conozca el contenido del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el ministro socialista Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno creyó ayer haber cogido en el Senado algo de aire.

«No me acuerdo, no me consta, no lo sé» fueron las evasivas con las que respondió a las preguntas sobre el cerco de corruptelas que le rodea. No sorprende que no haya pronunciados «noes» claros y categóricos.

Fue su estrategia para no caer en la rotundidad que puede acabar acarreándole, en el futuro, una investigación por un delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria.

Como decíamos, la amenaza más cercana, en el tiempo, para Pedro Sánchez es el informe sobre la presunta implicación de Torres en la vía canaria del «caso Koldo». LA RAZÓN ha podido confirmar de solventes fuentes jurídicas que el informe ya está encima de la mesa del instructor en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno. El foco está en la compra de mascarillas por el Gobierno de Canarias cuando él lo presidía.

Pero la semana que viene no es para menos. Arranca el histórico juicio que sentará, por primera vez, en el banquillo a un fiscal general del Estado. A partir del lunes veremos la inédita imagen. Álvaro García Ortiz será juzgado por un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Además, el próximo miércoles se producirán las primeras declaraciones en el caso de la bautizada como «fontanera del PSOE». Acudirán a ser interrogados, además del comandante Rubén Villalba, los dos fiscales que denunciaron que Leire Díez intentó sobornarles.

Ofreciéndoles beneficios a cambio de que el fiscal de Anticorrupción José Grinda revelase «trapos sucios» de su superior –el fiscal jefe Alejandro Luzón– y de que el fiscal madrileño Ignacio Stampa contase «trapos sucios» de tres altos funcionarios.

Además de Luzón, los supuestos objetivos eran el propio Grinda y el juez (ahora jubilado) Manuel García-Castellón, que pidió ayer, formalmente, personarse en la causa por tráfico de influencias y cohecho. Sobre la exmilitante socialista, su antiguo líder dijo ayer ante la «comisión Koldo» que al menos «a él no le constaba» que trabajase por encargo de su dirección en Ferraz.

Eso sí, Sánchez sabe que se está investigando en el Ministerio Fiscal el «pendrive» de Díez y apuntó a que cree que contiene datos del «espionaje» del que habría sido víctima, junto a su familia más cercana.

Sobre su entorno familiar, que ha visto acelerarse las causas a las que se enfrenta, dedicó pocas palabras. Eso sí, habló, veladamente, de las saunas de su suegro, ahora fallecido, para defender que las suyas no eran «actividades ilícitas».

Ante los senadores, reivindicó, aquí sí tajante, que Begoña Gómez «nada tuvo que ver» con que su Gobierno rescatase por más de 450 millones a la aerolínea de Globalia. Con este grupo ella mantuvo relaciones empresariales el mismo año 2020.

Mientras tanto, el caso contra su pareja se encuentra avanzado. El juez Juan Carlos Peinado espera cumplir con unas diligencias pendientes, para decidir si le acaba abriendo juicio oral. Faltan varios informes de la Benemérita: del convenio de creación de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid; los mails de su cuenta de correo en Moncloa y otra de una web del máster, así como las identidades de los trabajadores de Presidencia del Gobierno que pagaban las nóminas a su asesora.

Está por llegar, asimismo, un informe final sobre el software que se investiga si se apropió indebidamente. Aunque el presidente, como se vio que llevaba anotado en sus papeles ayer en la Cámara alta, sostenga que el programa informático «jamás se desarrolló» y «nunca se llegó a poner en marcha» la página web, propiedad de su mujer, en que acabó alojado y siendo ofrecido el producto.

Del «hermanísimo», en cambio, rehusó hablar, parapetándose en que no es parte del objeto de la comisión. La pasada semana se confirmó que no evita el banquillo y la Audiencia Provincial de Badajoz avala ya su procesamiento por las supuestas irregularidades en su contratación como trabajador de la Diputación pacense. Ya solo queda saber la fecha en que se sentará en el banquillo.

Con una Fiscalía que ha defendido desde el principio que no hay caso y todo son «conjeturas», las acusaciones populares reclaman una pena de tres años de prisión por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y nombramiento ilegal.

También hubo tiempo para abordar el tema de momento: los sobres de efectivo de Ferraz. El secretario general del Partido Socialista ahora ya admite que él también «liquidó gastos en metálico». Tras las declaraciones del gerente y la secretaria en el Supremo, el juez Leopoldo Puente salió perplejo por la falta de control en los sobres y el «extraño» hecho de que los cobrase Koldo y se encargase él de distribuir los billetes.

No tardará mucho tampoco en llegar al instructor del «caso Koldo» en el alto tribunal el examen patrimonial completo realizado por los investigadores a Santos Cerdán.

La nómina judicial para Sánchez no acaba aquí. El «caso hidrocarburos» sigue adelante en la AN y, según trasladan a este diario fuentes conocedoras de la instrucción, amenaza con salpicar al exministro de Transportes José Luis Ábalos. En los próximos días sabremos si el juez Santiago Pedraz cita o no a Koldo García para que declare como testigo, junto al que fuera «número dos» de Reyes Maroto cuando era titular de la cartera de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart.

Como adelantó LA RAZÓN, la acusación popular, que lidera Hazte Oír, se lo reclamó para seguir indagando en las circunstancias que rodearon la concesión de la licencia estatal a Villafuel, investigada por un fraude de 183 millones en el IVA. Pese a la famosa foto del jefe del Ejecutivo con Víctor de Aldama (imputado en la «trama del fuel»), Sánchez insistió ayer en que no lo conocía.

Por último, «Tito Berni». El que fuera diputado socialista Bernardo Fuentes, está cada vez más cerca del banquillo. La jueza abrió juicio oral por dos piezas separadas del «caso Mediador» y la Fiscalía Anticorrupción reclamó que se le condene a un año de cárcel.