La necesaria reforma de las leyes Trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid

Aunque ya no está Mónica García para comandar situaciones de este tipo, algo impulsa ahora la violencia de Más Madrid, señalando con el dedo a adversarios y gesticulando burlonamente desde los escaños de la Asamblea de Madrid. Es encarnada en cada intervención por Carla Antonelli de Sumar, voceando exabruptos con una dramática y lacrimógena performance, acusando de tener las manos manchadas de sangre a los diputados del PP y VOX. Insultando también en las redes sociales a la portavoz Popular de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, llamándole, entre otras lindezas, sinvergüenza y ave de rapiña. A esto se une el silencio pastueño del PSOE de Madrid, solo roto por las beatíficas homilías de Lobato, que lucen como una escritura "flower power" en el muro opresor de Sánchez. Ese que rodea la isla donde quiere meter a media España, dejándonos como salida para comunicarnos entre ciudadanos un inestable y bloqueador Puente. Todo lo cual demuestra en cierta medida la importancia y necesidad de estas reformas. Algo hay, tal vez sea la mala conciencia o el peso de la culpa política, es lo que provoca el odio furibundo de los partidos responsables de la liberación de casi 1300 violadores, pederastas y asesinos, a los que se sumarán pronto con la ley de amnistía, decenas de malversadores, golpistas y terroristas.

La reforma de ambas leyes se apoya en la libertad e igualdad de todos y no suponen la limitación ni el retroceso de ninguno de los derechos constitucionales de las personas homosexuales o transexuales que se agrupan en el colectivo LGTBIQ+. Tampoco de los que legítimamente no se sienten colectivizados ni representados en esas siglas. Por el contrario, es garantista, ya que se protege con la nueva forma de estas leyes su dignidad como personas, con los mismos derechos, ni uno menos ni uno más, que el resto de los madrileños.

Se advierte en la reforma de las leyes del peligro de la ingeniería social. También se prohíben las terapias aversivas. Se introducen profesionales como educadores, psicólogos y psiquiatras. Se mantienen los protocolos para luchar contra la homofobia y la discriminación en todos los ámbitos. Además, se suprimen la sanción de discriminación por error, donde se penalizaba administrativamente no tanto una agresión personal directa o indirecta de homofobia o transfobia sino un delito de odio ya tipificado en código penal.

Por último, el Partido Popular, en beneficio de los derechos de todos y a pesar de Íñigo Errejón y sus ensoñaciones de colonización ideológica a cargo del dinero público de barrios y pueblos madrileños, suprime la colaboración unilateral con organizaciones privadas, dejando toda la responsabilidad a la administración madrileña.

Miguel Rumayor es diputado del Partido Popular y presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid