Rebelión de la escuela concertada contra el decreto de Ayuso que limita las pantallas

El decreto de la Comunidad de Madrid que regula y limita el uso de pantallas en las aulas, desde el próximo mes de septiembre, ha levantado ampollas en la escuela concertada, donde muchos proyectos educativos pasaban por el uso de herramientas digitales. Tanto es así, que la patronal de la escuela privada y concertada CECE-Madrid, que representa a más de 120 instituciones educativas en la Comunidad de Madrid, tanto concertadas como privadas y de titularidad laica y religiosa, está dispuesta a recurrir la normativa al entender que pudiera vulnerar derechos o intereses de los centros que representa.

«Desde el respeto institucional, anunciamos que estudiaremos la posibilidad de interponer un recurso, en defensa de la seguridad jurídica de los centros, de su autonomía y del principio de libertad de enseñanza», ha expresado en un comunicado.

Por un lado, ve con bueno ojos que se dé una moratoria de dos cursos escolares a los centros que apostaron por la tecnología para enseñar en sus aulas. Entre otras cosas porque considera que con ello se ha buscado una «adaptación realista y ordenada» al desbaratar una forma de educar por la que se había apostado.

Sin embargo, también lamenta que la norma se empiece a aplicar a partir del próximo curso, desde septiembre, y se haya aprobado cuando solo falta poco más de un mes para que los alumnos vuelvan a las aulas. «Lamentamos que una norma de esta magnitud, con implicaciones organizativas, pedagógicas y económicas tan relevantes, haya sido aprobada a tan solo unas semanas del inicio del curso escolar y en pleno periodo vacacional, dificultando la planificación de los equipos directivos y el ejercicio responsable de la autonomía escolar», ha subrayado CECE-Madrid.

La patronal de la enseñanza privada y concertada ha defendido la autonomía pedagógica y organizativa de lo todos los centros educativos para decidir cómo enseñar a sus alumnos. Y es que a la concertada le escuece que tenga que acatar la nueva regulación autonómica, al igual que los centros públicos, pero los centros privados estén exentos de aplicar esta nueva normativa, a los que «sí se reconoce expresamente su capacidad de autorregulación».

Aún hay más objeciones a una de las normas estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para el próximo curso. «Echamos en falta una previsión clara de recursos materiales, humanos y formativos que acompañen la implantación de esta norma, así como una mayor corresponsabilidad por parte de las familias y medidas más contundentes fuera del entorno escolar, que es donde actualmente se produce la mayor exposición y riesgo en el uso abusivo de dispositivos digitales», concluyen.

La Comunidad de Madrid aprobó el miércoles la normativa con idea de «reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información, una medida pionera que beneficiará a más de 550.000 estudiantes», dijo el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Así, los alumnos de Infantil y Primaria no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales ni tendrán deberes que impliquen su uso. Los más pequeños, del primer ciclo de Infantil (hasta 3 años), evitarán el contacto con estos dispositivos.