Sánchez y la máquina de la verdad

El presidente Pedro Sánchez, supuesto adalid del compromiso con la verdad y con sus votantes, pero sólo hasta el día siguiente a unas elecciones, ha presentado esta semana en el Congreso de los Diputados las bases de su Plan de Acción por la Democracia para dar respuesta a la «máquina del fango». Detrás de ese documento ha querido camuflar que cualquier periodista o medio de comunicación que publique información sobre su entorno o muestre su discrepancia con sus políticas será señalado y censurado de por vida. La igualdad de los ciudadanos ante la ley es un principio que en un Estado de derecho se debe predicar también para el presidente, para su familia y para su propia mujer. Y que un familiar del presidente pueda ser llamado a declarar ante un juez en calidad de investigado no justifica que el Gobierno ataque a los jueces, a los periodistas y a los políticos que lo denuncian. Que sea llamada a declarar como imputada la mujer del presidente, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, es inédito en nuestra historia democrática, pero también lo es que el presidente del Gobierno ataque directamente al Poder Judicial y llame a los ciudadanos a la rebeldía, al grito de «el Estado soy yo»; bueno, en este caso, «somos mi mujer y yo».

El presidente del Gobierno necesita «abrir un debate» sobre los bulos y la desinformación para tapar los casos que afectan a su propia familia. Por eso, sin concretar nada en especial, ha avanzado la reforma de la ley de publicidad institucional para evitar que haya «medios que tienen más dinero público que lectores» y la puesta en marcha de un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros con cargo a los fondos europeos para «ayudar a los medios a seguir digitalizándose de manera segura». Todo ello para mejorar supuestamente la «transparencia» de los medios. Y lo hace precisamente aquel que veta en los viajes oficiales a medios de comunicación que no son afines, ignora al Senado y no contesta a las preguntas de los periodistas sobre casos de corrupción que afectan a su propio Gobierno, a su partido y a su entorno familiar. Pedro Sánchez debe dejar trabajar a la Justicia y dar explicaciones con luz y taquígrafos en las Cortes Generales y ante los medios de comunicación en rueda de prensa, sin ningún veto y aceptando todas y cada una de las preguntas. Como dice Albero Núñez Feijóo, «el mayor bulo es Sánchez». Toda información contraria al Gobierno es desinformación -aunque sea veraz- y sabemos que Pedro Sánchez lo quiere controlar todo y él sabe como hacerlo. O por la vía de la financiación, ya sea dejando a determinados medios sin publicidad institucional, o con una mordaza a sus publicaciones para acallar a todos aquellos que considera que no son favorables a su persona. Porque sólo él es la verdad y en su persona se encierra la esencia de la democracia.

Tras sus cinco días de reflexión, Sánchez dijo que estaba dispuesto a seguir «con más fuerza». Ahora entendemos perfectamente qué quería decir: controlar todas y cada una de las instituciones del Estado, eliminar todos los contrapoderes y acallar a todos aquellos medios de comunicación que no le son afines. Sin embargo, lo único que necesita nuestro país en estos momentos es una regeneración, pero en el Gobierno de Pedro Sánchez y en su propia familia.

Por desgracia para nuestro país la máquina del fango se encuentra funcionando a pleno rendimiento en los sótanos de La Moncloa. Y los bulos y las mentiras son esparcidas por el propio Sánchez, por sus ministros y por leales como Tezanos. Por eso, cada vez que escucho a Sánchez hablar de la máquina del fango me acuerdo de aquel programa de televisión llamado «La Máquina de la Verdad» que presentaba Julián Lago en los noventa. Este espacio televisivo se basaba en un interrogatorio al que se sometía a un personaje público y que era monitorizado por un detector de mentiras. Pues bien, nuestro querido Pedro Sánchez no pasaría ni las primeras preguntas de control de aquella maravillosa máquina de la verdad sin mentir.

Miguel Ángel García es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid