Sol denuncia que el Gobierno asigne solo 5 jueces frente a los 127 necesarios

La Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno solo haya creado cinco nuevas plazas de jueces para la región, tal y como pudo constatar ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al considerarlas «claramente insuficientes». Las nuevas incorporaciones se destinarán a reforzar las secciones de Violencia sobre la Mujer (cuatro plazas) y la recién creada Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (una plaza).

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha calificado la medida de «burla y tomadura de pelo». Tal y como ha denunciado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes «ha hecho caso omiso a nuestras alegaciones» y ha ignorado las necesidades de partidos judiciales como Coslada o Torrejón de Ardoz, directamente afectados por el nuevo modelo de tribunales de instancia que introduce la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

La crítica se fundamenta en que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitó en su memoria anual la creación de 127 nuevas plazas judiciales sólo para 2024 en la región. Una cifra que contrasta con las cinco plazas ahora aprobadas, en el marco de una decisión del Consejo de Ministros que contempla un total de 50 jueces (ocho por transformación de plazas ya existentes) y 42 fiscales especializados en violencia de género para toda España.

Así, Madrid recibirá solo nueve de esas 92 nuevas plazas (cinco jueces y cuatro fiscales), pese a ser una de las regiones con mayor carga de trabajo judicial del país. La situación, tal y como advierte el Gobierno madrileño, «compromete la aplicación efectiva de la nueva ley sin un refuerzo suficiente de recursos humanos y materiales».

En paralelo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertó en su Plan Estratégico 2024-2033 de que sería necesario crear 350 plazas judiciales nuevas al año durante la próxima década para cubrir las vacantes por jubilaciones, fallecimientos o renuncias.

García Martín ha instado al ministro Félix Bolaños a «centrarse en dotar de medios reales a la Justicia, garantizar su independencia y preservar el mérito y la capacidad en el acceso a la carrera judicial», en lugar de legislar «para convertir la Justicia en una herramienta al servicio del Gobierno para tapar casos de corrupción».

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo central por no evaluar ni financiar debidamente la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial, tal y como informó ayer el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Este recurso fue presentado tras el rechazo, por parte del Ministerio, de un requerimiento previo en el que se exigía valorar el impacto económico de la norma.

Según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, la aplicación de esta ley supondrá un coste que cifra, como mínimo, para las arcas madrileñas en 44 millones de euros sólo en el primer año, de los cuales casi la mitad se consolidarán en ejercicios sucesivos. García Martín insistió, una vez más, en que se trata de «una mala ley» que se ha elaborado «sin contar con las comunidades autónomas ni con el Poder Judicial», y que podría «encarecer y retrasar» aún más la administración de justicia.