Europa investigará si Murcia ha incumplido la normativa de protección ambiental en el Mar Menor

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha declarado "admisible" la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón que pide investigar si la Comunidad Autónoma ha incumplido la normativa europea de protección del Medio Ambiente en la laguna del Mar Menor.

En concreto, De Ramón pidió a la Comisión de Peticiones que se investigara las responsabilidades penales de los cuatro últimos presidentes del Gobierno regional y los funcionarios responsables de la gestión de las ayudas europeas en el Mar Menor durante más de 20 años.

La presidenta de la Comisión de Peticiones de la UE, Dolors Montserrat, tras examinar la petición del abogado murciano, la ha declarado "admisible" porque el asunto planteado "entra dentro de los ámbitos de actuación de la UE". Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que lleva a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.

Cabe recordar que De Ramón denunció la "falta de aplicación de las normas de protección, vigilancia, e inspección, sobre el medio ambiente en la laguna del Mar Menor" por parte de los cuatro ex presidentes autonómicos desde el año 2007 hasta el día de hoy, así como sus correspondientes consejeros de agricultura y medio ambiente.

El abogado murciano lamentaba "la total falta de aplicación de sus gestores medioambientales sobre las directivas que regulan los nitratos", cuya correcta gestión "hubiera evitado la muerte medioambiental del Mar Menor, zona declarada vulnerable desde el año 2001".

En este sentido, De Ramón pide investigar los Fondos Europeos (FEDER) asignados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia "para proteger, tutelar, vigilar y conservar el Medio Ambiente en el Mar Menor desde hace más de 20 años". Asimismo, pide remitir el asunto al Tribunal de Cuentas de Luxemburgo "para que delimite responsabilidades económicas".

Asimismo, de Ramón plantea una auditoría económica del daño producido en el Mar Menor a través del Tribunal de Cuentas de España, y propone la retirada de las competencias en materia medioambientales al Gobierno regional “por su ineficacia, dejación de funciones, y como autora del desastre medioambiental”.