
Violencia de género
Casi 500 mujeres de la Región reciben asistencia este año tras sufrir violencia sexual
Más de la mitad de las víctimas fueron forzadas siendo menores de edad y necesitaron de asistencia psicológica en centros especializados

Las víctimas de violencia sexual en la Región han aumentado en los primeros 5 meses de este año. En total, 492 mujeres han sido atendidas en el Centro para Víctimas de Violencia Sexual de la Región de Murcia (CAIVAX) ‘La Jacaranda’, ubicado en la pedanía murciana del Palmar. Son 41 más que en el mismo periodo del pasado 2024.
Además, un 53% de estas mujeres reconocen haber sido víctimas de este tipo de abusos o agresiones cuando eran menores de edad, por lo que necesitaron acudir a estos centros especializados para recibir asistencia psicológica. El 47 % restante las sufren en la edad adulta. Son algunos de los datos que ha hecho públicos este martes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quien ha asegurado que “un comportamiento muy habitual en las víctimas tras sufrir una agresión sexual es el de sentir vergüenza o miedo al salir a la calle, por lo que en la mayoría de las ocasiones las primeras intervenciones que se realizan, que realizan las profesionales de este centro, son vía telefónica”.
El CAIVAX ‘La Jacaranda’ cuenta en la actualidad con un equipo de cuatro psicólogas, una educadora social, una integradora social, dos asesoras jurídicas y una trabajadora social, que prestan apoyo especializado las 24 horas del día, los 365 días del año, a estas víctimas de violencia sexual.
Si hablamos del perfil de las mujeres que hacen uso de estos recursos, las víctimas que requieren de asistencia tienen edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, mientras que otras franjas de edad -de los 51 a los 60 años, por ejemplo- son menos habituales. Además, sus presuntos agresores suelen ser, por este orden: familiares, compañeros de trabajo, personas desconocidas o, incluso, de su círculo más cercano.
La conducta delictiva más habitual de la que son víctimas es la agresión sexual, aunque también se producen casos de acoso o de ‘sextorsión’ (chantaje que se produce tras el intercambio de archivos de índole sexual, bajo la amenaza de hacerlos públicos). Casi la mitad de las intervenciones que tienen que realizar las trabajadoras de estos centros son para prestar asistencia psicológica, aunque también se les demanda asesoría legal, en caso de que el episodio se judicialice y consigan sentar en el banquillo a su agresor.
La consejera de Política Social ha recordado que la Comunidad cuenta con un protocolo de coordinación interinstitucional para luchar contra esta violencia sexual. En este sentido, Ruiz ha apuntado que “estamos hablando de profesionales del ámbito sanitario, social, judicial, laboral, policial y educativo, con el fin de garantizar una asistencia integral a las mujeres y adolescentes que hayan sufrido violencia sexual en nuestra Región. Todo ello, desde una perspectiva multidisciplinar, para lograr su recuperación física, pero también emocional”. Una hoja de ruta que también incluye la lucha contra otras formas de violencia, como la trata con fines de explotación sexual o la violencia en el ámbito digital.
La consejera regional ha explicado que este aumento en las cifras de las víctimas de violencia sexual en la Región se debe a que “se conocen más los recursos, son más visibles y, por lo tanto, las mujeres se atreven a dar ese paso, primero, para reconocer su situación y, después, para ponerse en mano de profesionales”, que les van a ayudar a sobrellevar un trauma que, a veces, puede durar toda la vida.
Las mujeres que se enfrentan a un episodio de este tipo viven en la gran mayoría de ocasiones un auténtico infierno. Por un lado, por la desprotección que sienten y, por otro, porque están totalmente desorientadas. Es ahí cuando entran en juego los profesionales del CAIVAX. Una de las asesoras jurídicas de este centro, Andrea Sánchez, ha asegurado que “muchas veces sí vienen con la denuncia ya hecha. Lo que hago es explicarles qué va a pasar a partir de ese momento. Incluso, muchas veces vienen muchas de ellas sin abogado de oficio y se sienten súper inseguras, se sienten perdidas”.
El 60% de municipios adscrito al Sistema VioGén
El 60% de los municipios de la Región de Murcia está adscrito al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), lo que equivale al 83,83% de la superficie autonómica y al 83,62% de la población de la comunidad.
Así lo ha anunciado este martes la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, durante la firma del convenio de adhesión de Mula a este sistema dependiente del Ministerio del Interior del que ya forman parte 27 localidades murcianas.
En el acto también han participado el regidor muleño, Juan Jesús Moreno, y el coronel jefe de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido.
Guevara ha explicado que la firma del convenio "permite una colaboración, una coordinación y un intercambio de información" a la que hasta ahora no podía acceder la Policía Local de Mula, donde hay unos 60 casos de violencia de género, de los 5.549 activos en la Región de Murcia.
Según ha añadido, por el momento quedan 18 municipios de la Región que aún no se han adherido a VioGén, si bien algunos de ellos están "en trámite y con interés de firmar", mientras que otros son muy pequeños y su limitado número de agentes de Policía Local lo hace más difícil.
En concreto, los ayuntamientos incorporados a VioGén son Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Jumilla, Lorca, Los Alcázares, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, Santomera, Totana y Yecla.
Menores migrantes
Conchita Ruiz también se ha referido al acuerdo hecho público este martes entre el Estado y el Gobierno de Canarias para el reparto por la Península de más de mil menores migrantes llegados a las costas isleñas. Un compromiso del ministerio de Migraciones, que pretende dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo, que amenazaba con medidas coercitivas, si no se producía ese acogimiento en los diferentes territorios.
“El Gobierno central ha demostrado su incompetencia a la hora de gestionar esta crisis”, ha dicho la titular de Política Social, quien ha criticado que el Ejecutivo central vuelva a desoír a las comunidades autónomas y opte por la vía de la imposición en ese reparto.
Máxime, cuando el Gobierno regional ha recordado en múltiples ocasiones que algunos centros de internamiento de extranjeros de la Región, como el Hospital Naval de Cartagena, están sobresaturados y no pueden acoger a más personas en unas mínimas condiciones de salubridad y dignidad. Por eso, ha reclamado una política de Estado, en la que se tenga en cuenta la opinión de todas las regiones.
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Vulneración del derecho al honor