Un informe cifra en 102.864 trabajos los que están en peligro en Alicante, Almería y Murcia por el recorte al 50% del Trasvase Tajo-Segura

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) continúa su ofensiva para defender esta infraestructura hídrica esencial para el Levante español. A la espera del anuncio de nuevas movilizaciones del sector para mostrar su radical oposición a la hoja de ruta planteada por el ministerio para la Transición Ecológica, los regantes murcianos han hecho público este miércoles un estudio de la reputada consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), en el que se recoge el eventual impacto socioeconómico que supondría el ‘tijeretazo’ del 50% al Trasvase.

Dicho análisis recoge que las provincias que dependen directamente del acueducto -Alicante, Murcia y Almería-, solo en el sector agroalimentario, están generando un impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de 1.896 millones de euros. Si hablamos del sector de la comercialización, esa cifra asciende a 1.460 millones de euros de contribución total al PIB. En el apartado de Transformación, el dato se sitúa en unos 556 millones de euros.

Este informe concluye, además, que peligran 102.894 empleos mantenidos en toda la economía por el conjunto de actividades desarrolladas en las provincias regadas por el Tajo-Segura. Eso supone un 0,48% del empleo nacional durante todo el año 2024. Una porcentaje nada baladí.

Pero más allá de los números que están sobre la mesa, lo verdaderamente importante es la lectura que hacen de estas cifras los diferentes actores implicados en esta ‘guerra del agua’. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha vuelto a insistir en el duro golpe que supondría para el sector primario murciano que el Estado cierre el grifo en el horizonte 2027, una iniciativa que ha calificado como “inasumible” y “que nos condena a la sequía”. “No se puede permitir cómo la decisión, la hoja de ruta marcada por el Gobierno de España de ese recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura, es una barbaridad que no se puede permitir la Región de Murcia como sociedad”, ha asegurado López Miras.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha apoyado sus declaraciones en cifras: el ‘apagón hídrico’ comprometería 28.000 hectáreas agrícolas en la comunidad autónoma, 700 millones de euros en pérdidas y cerca de 30.000 puestos de trabajo que se verían comprometidos por una decisión que, insisten, no tiene fundamento “técnico” y sí “político”.

De hecho, López Miras ha respondido a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que exigía este martes que se cumplan las sentencias y que se apliquen las nuevas reglas de explotación del Tajo cuanto antes. El jefe regional ha dicho del líder castellanomanchego que “no tiene absolutamente ningún tipo de competencia sobre el trasvase Tajo-Segura, como no debe de tenerlo ningún presidente autonómico, Pedro Sánchez está muy a gusto así”. El presidente murciano ha responsabilizado al líder del Gobierno de la Nación de permitir los enfrentamientos entre territorios y le ha acusado de no hacer nada por evitarlos. “Está lavándose las manos”, ha criticado.

Por su parte, el líder de Scrats, Lucas Jiménez, ha elogiado la solvencia de estas cifras, “que van a dar la relevancia real de lo que el sector afectado por el uso de la agua subterránea tiene, no solo la Región de Murcia, sino toda la cuenca del Segura”. Esa es precisamente una de las claves: los recursos hídricos provenientes del subsuelo.

Aguas subterráneas

El impacto ante un futuro de prohibición de riego con aguas subterráneas es una de las novedades que aporta este documento difundido por la consultora PwC que, puntualizan, tiene un propósito únicamente informativo. Al recorte del 50% a los envíos de agua para regadío, se suma la restricción -también prevista para 2027- de regar con aguas subterráneas, una solución que está permitiendo a los agricultores murcianos producir más, con menos recursos hídricos.

El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, ha explicado que “la mejora de productividad que las empresas están aplicando es incapaz de absorber esta reducción tan brutal de las aguas que se van a poder utilizar a partir de del año 2027 para el sector agrícola”. En este sentido, el que fuera consejero de Economía en la Región de Murcia -ahora en la empresa privada- ha incidido en el gran número de puestos de trabajo (en torno a 103.000), que dependen directamente del trasvase Tajo-Segura, que ahora estaría en entredicho.

Por lo tanto, de cumplirse los planes que tiene el Ministerio que dirige Sara Aagesen para el Levante español, estaríamos hablando de una ‘estocada’ de muerte para el sector primario regional.