El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027 es "el resultado de la política hídrica" del Gobierno central, basada en "decisiones unilaterales" y "alejadas de la ciencia y de cualquier criterio técnico".

En declaraciones a 'Herrera en COPE', López Miras ha indicado que la Comunidad está estudiando "de forma procelosa" la sentencia porque "es muy farragosa" y hasta el momento "ni el Gobierno ha podido interpretarla". El "único" que lo ha hecho hasta ahora, ha criticado, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lo hizo "al minuto" de hacerse pública.

El máximo dirigente regional ha apuntado que el recorte al trasvase Tajo-Segura dejará "en una situación de extrema vulnerabilidad" no solo la Región de Murcia, sino a todo el Levante, y, con ello, a "gran parte de España".

Se ha referido a su intervención el pasado martes en el Congreso para defender una proposición de ley que tenía como objetivo "defender y blindar el trasvase Tajo-Segura, pero también para alcanzar acuerdos en materia de agua", porque este recurso "no es de los territorios por donde pasan los ríos", sino, como dice la Constitución, "de todos los españoles".

Por tanto, "cualquier decisión que se tome en materia de agua tiene que partir del consenso y del acuerdo", ha enfatizado el presidente de la Región.

Respecto a la votación del pasado martes en la Cámara Baja, López Miras ha lamentado que "el PSOE y sus socios" tumbaran la iniciativa y ha instado a los socialistas de la Región de Murcia a hacer "una reflexión" ante este "rechazo rotundo" que va en contra, a su juicio, de los intereses de su comunidad autónoma.

Por contra, ha defendido la postura del PP "de todas las comunidades autónomas", que demostró que "tiene claro que el agua es una cuestión de Estado que requiere de un gran acuerdo nacional y que no se puede prescindir de ninguna fuente de agua, ni de los trasvases, ni de la desalación, ni de la reutilización o la regeneración".

Preguntado sobre la inversión del Gobierno central para la ampliación de desaladoras, López Miras ha dicho que "la mitad" de estas infraestructuras "no están funcionando y no están al máximo de su rendimiento", al tiempo que ha apuntado que el agua desalada "no es la alternativa", sino "un complemento" porque "no se puede vivir ni cultivar solo con agua desalada".

Entre sus argumentos ha destacado que el proceso de desalación "es contaminante", el precio de desalar el agua es "un 40% superior", en muchos casos es "imposible" llevarlo a determinadas cotas de interior y, además, "con el agua desalada solo no se puede cultivar".

En este sentido, ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Nacional de Agua que "utilice todos los recursos disponibles". Y es que el agua, ha añadido López Miras, tiene que ser una cuestión de Estado porque "no es" solo "de unos españoles" y "no sirve para enfrentar unos territorios contra otros".

Ha señalado que en 2013, "un gobierno del Partido Popular supo poner de acuerdo a la Comunidad de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia para establecer unas reglas que gestionaban el trasvase", pero ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez "de forma unilateral quiere cambiar esas reglas y recortar el trasvase un 50%".

Esto, ha continuado, supondrá "acabar con 300.000 puestos de trabajo" y afectará no solo a la agricultura, sino a la economía, porque "estamos hablando del agua que llega para abastecimiento a los hogares de 2,5 millones de españoles". Por todo ello, "este gobierno no puede tomar decisiones unilaterales en algo tan importante como es el agua".

Política hídrica en Portugal

Al hilo, ha manifestado que en momentos como el actual echa "mucho de menos" y observa "con envidia" decisiones como la del Gobierno de Portugal, que ha aprobado la estrategia 'Agua que une', que contempla una inversión de 5.000 millones de euros para acometer infraestructuras hídricas, trasvases e interconexiones de cuencas, entre otras acciones.

Así, el Ejecutivo luso "va a vertebrar el país a través del agua que es de todos los ciudadanos de Portugal", ha comentado el dirigente regional, quien ha insistido en que su gobierno no se opone a los caudales ecológicos, sino que pide que se establezcan "en función de criterios científicos y técnicos, no en los despachos del gobierno, y no por políticos".

Asimismo, ha querido dejar claro que lo que rechaza "es que se tomen decisiones en materia de agua de forma unilateral, que no haya consenso, ni diálogo".