Más mentiras sobre las pensiones

Mark Twain popularizó la afirmación de que “hay tres clases de mentiras: mentiras, mentiras grandes y estadísticas” (there are three kinds of lies: lies, dammed lies, and statistics). La autoría, sin embargo, parece ser que fue de Benjamin Disraeli que, sin duda, hoy en España añadiría “las pensiones” a su catálogo de falsedades y la colocaría como la más importante. Las pensiones españolas, y sus garantías de futuro, son uno de los terrenos en los que durante más tiempo, con más perseverancia y más imaginación han mentido y mienten los sucesivos responsables políticos a los ciudadanos.

La Comisión del Pacto de Toledo aprobó hace unas horas, con el voto favorable de todos los partidos políticos con la excepción de ERC, un pacto que solo se puede calificar de “fantasmal” según el cual se garantiza la revalorización de las pensiones conforme “al IPC real” para asegurar su poder adquisitivo de forma en teoría permanente. Nadie ha explicado qué es el “IPC real” y qué mecanismos se utilizarán para que los pensionistas no vean mermas en el valor de su ingresos. Los miembros del Pacto de Toledo, que han anunciado a bombo y platillo su acuerdo, simplemente han urdido un mecanismo para quitarse de encima la presión social y política de los pensionistas, y han desarrollado una serie de “mentiras” para hacer creer que lo que proclaman es posible. Nada ni nadie puede garantizar el poder adquisitivo futuro de las pensiones y no hay dirigente político que lo ignore, pero tampoco ninguno quiere arriesgarse a perder ni un solo voto “pensionista” por este motivo. Churchill ya lo explicó hace quizá demasiado tiempo: “las multitudes permanecen hundidas en la ignorancia de los hechos económicos más simples y sus líderes, cuando les piden sus votos, no se atreven a desengañarlos”.

La historia, en este caso, se repite. El Pacto de Toledo nació en 1995, a raíz de una trifulca entre Felipe González y José María Aznar en un debate electoral televisivo previo. Socialistas y populares pactaron que entonces sustraer de la contienda -y sobre todo de las campañas- electorales cualquier polémica sobre las pensiones, con el argumento cobarde que acordarían garantizarlas. Efectivamente, las pensiones están garantizadas, pero no su cuantía, que es lo que ahora reclaman los pensionistas actuales y que, como son nueve millones, pueden decantar cualquier resultado electoral. Por eso, a todos los partidos les conviene el acuerdo adoptado hoy, aunque sea una mentira.

Octavio Granado, socialista, secretario de Estado de Seguridad Social, presentó esta misma mañana el informe “Las pensiones en España”, elaborado por diez de los mayores expertos españoles en pensiones, bajo el auspicio del Consejo General de Economistas. Pues bien, solo horas antes de que los políticos pactaran vincular las pensiones “al IPC real” -sea lo que sea-, Granado no tenía problemas en afirmar que vincular las pensiones al IPC tiene “efectos perversos”. No se le escapó. Él también es un experto y sabía lo que decía, aunque para tranquilizar a su parroquia añadió que el sistema actual “sí tiene arreglo para los próximos diez años, es decir, hasta que las generaciones del baby boom comiencen a jubilarse”. “A partir de ese momento -añadió- será necesario buscar un nuevo acuerdo”. Granado no engañó a nadie, pero quizá no dijo toda la verdad. El estudio que presentó no deja lugar a dudas: “Dado que para mantener pensiones similares a las actuales -en relación al salario medio- se necesitan en torno a 2,4 empleos por pensionista, para financiar seis millones de pensionistas más se necesitarían casi 14,5 millones de empleos adicionales. Esto supone que de aquí al 2050 casi se duplique el número de empleos, pasando de algo más de 18 millones de cotizantes a casi 33 millones”. No es imposible, obviamente, pero ahora mismo parece ciencia ficción.

El acuerdo del Pacto de Toledo garantiza el poder de las pensiones para un par de años, como mucho, no mas. El horizonte intermedio, de diez años, y mucho menos el de 2050, no es algo que interese a los partidos y líderes políticos, cuyo objetivo ahora es no espantar al voto de los pensionistas, que reclaman algo que socialmente parece justo -mantener el poder adquisitivo-, pero que el sistema no puede pagar y que este año tendrá un déficit cercano a los 20.000 millones de euros. Ese agujero, con unas cuentas públicas también en números rojos, conduce a un callejón sin salida, salvo un cambio radical que incluya alzas de cotizaciones o impuestos espectaculares, que afectarían negativamente al empleo y a la actividad. Es decir, podrían ser contraproducentes.

Las reclamaciones y exigencias de los pensionistas son, sin dudas, legítimas, pero el intento de atenderlas puede provocar un efecto “boomerang”, que puede complicar la situación. Ya ha ocurrido en otros países, como Grecia y Portugal. España, por supuesto, no es Grecia ni Portugal, pero no significa que no aquí no pueda suceder. España es un país, por culpa de sus déficits crónicos, necesita pedir prestados en los mercados más de 200.000 millones de euros todos los años, entre los que se incluye la refinanciación del billón de euros de deuda. Los prestamistas exigen una serie de condiciones o de mínimos para dejar su dinero y, si no se cumplen, no lo hacen. Fue lo que sucedió con Grecia y Portugal cuando tuvieron que ser rescatados económicamente. Sus salvadores pusieron condiciones, a veces draconianas, que incluían, no ya congelaciones, sino reducciones -en algunos casos la tercera parte e incluso más- de las pensiones. La alternativa era la quiebra del país, lo que significaba también la quiebra de los pensionistas. España eludió por poco el rescate, aunque sí tuvo que pedir ayuda para pagar el fiasco de las cajas de ahorros. También tuvo que aceptar condiciones, menos drásticas que las de Grecia y Portugal, pero con una cierta exigencia y, sobre todo, someterse a vigilancia de las autoridades europeas. Entre las condiciones, figuraba una impopular pero gradual -aplicable a lo largo de más de un decenio- reforma de las pensiones que, en contra de lo que decía el Gobierno, significaba una cierta bajada progresiva. A cambio, se garantizaba su futuro.

Las protestas de pensionistas iniciadas la primavera pasada asustaron al entonces Gobierno de Rajoy, que cedió ante el PNV y dio marcha atrás en su reforma. Los pensionistas, conscientes de su poder, han seguido con la presión y han logrado que el Pacto de Toledo acuerdo una subida conforme al IPC y nadie descarta que pidan más. Lo disfrutarán uno o dos años, pero si las cuentas siguen sin cuadrar y, sobre todo, si el país tiene que seguir pendiente de los préstamos que recibe, es posible que llegue el día en el que el Gobierno de turno -que luego será expulsado del poder- deba reducir la cuantía de las pensiones, no ya del futuro, sino las de ese momento. Eso sí, muchos de los líderes políticos actuales, los que están en el poder y en la oposición, aunque son jóvenes, quizá ya no estén en activo en ese momento y lo que les preocupa es el futuro inmediato, que pueden enmascararlo a costa de una viabilidad a medio plazo, porque se resisten a encarar la realidad y decirle la verdad a los ciudadanos. No hay fórmulas mágicas para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y quien diga lo contrario miente. Por eso, el acuerdo alcanzado hace unas horas en el Pacto de Toledo es solo otra mentira sobre las pensiones, aunque claro, como decía Kypling, “la verdad no suele gustar a las muchedumbres”, y los pensionistas en España ya son una muchedumbre de más de nueve millones de personas y, sobre todo, de votos.