General Batet, presidenta Batet

Domènec Batet (1872-1937) fue el general que sofocó la insurrección de Lluis Companys cuando declaró el Estado Catalán, en 1934. En 1936 se negó a sublevarse contra la República y fue fusilado por los franquistas en 1937. Meritxell Batet, vagamente emparentada por línea paterna con aquel militar, por un guiño de la historia –de esos que le encantan a Pablo Iglesias–, es la nueva presidenta del Congreso, y ha tenido que estrenarse con un par de actuaciones polémicas en la enésima derivada del asunto catalán. La ahora tercera autoridad del Estado permitió la circense y quizá farisaica promesa de acatar la Constitución por parte de los diputados «indepes». Accedió a la poltrona de la Cámara Baja pertrechada con una sentencia del Tribunal Constitucional que permite fórmulas heterodoxas de promesa constitucional. Eludió, sin embargo, comprobar, como señala el mismo Tribunal (Sentencia 74/1991, de 8 de abril), que «lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno, y ha de valorarse si tal incondicionalidad subsiste en la fórmula empleada por los actores». La invocación al «mandato del 1 de octubre» de varios diputados generan dudas sobre esa «incondicionalidad», pero Batet, en vísperas electorales, regateó para mantener abiertas las puertas a un apoyo «indepe» a la investidura de Sánchez.

La presidenta del Congreso, brillante en su parlamento inicial –«todos somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo»–, también sorteó la suspensión de los diputados presos por el 1-O, algo que el Tribunal Supremo entiende que corresponde a la Cámara Baja. Batet, porque hay elecciones el domingo y porque así lo había decidido el estado mayor socialista, devolvió lo que considera una patata caliente al alto Tribunal. La suspensión es inevitable, pero el líder del PSOE gana tiempo porque confía que el 28-M las urnas le concedan más margen para formar Gobierno. Los magistrados del Supremo, sin embargo, están muy molestos. Lo estuvieron con Rajoy y tampoco les agrada el comportamiento de Sánchez. Piensan que los políticos han trasladado a los jueces la obligación de resolver los problemas –el asunto catalán– pendientes y no ocultan su incomodidad. Incluso hay quien, en voz baja, apunta que los conflictos con el Poder Judicial nunca son buenos para los Gobiernos. Rajoy lo comprobó. Ahora, un guiño de la historia, siempre caprichosa, coloca otra vez al apellido Batet en el epicentro del enredo catalán. Del general Batet, a la presidenta Batet.