Sordos y verdades del barquero

Nadia Calviño, ministra de Economía, mientras acaricia el sueño –difícil, pero no imposible– de suceder a Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional, celebra que la Comisión Europea eleve las previsiones de crecimiento del PIB de España. Elige la botella medio llena, porque la medio vacía son los 7.800 millones que la Unión Europea recuerda a España que debe recortar del gasto o aumentar los ingresos en el mismo importe. Sánchez e Iglesias, ensimismados en sus rifirrafes, eluden este y otros asuntos en sus conversaciones, mientras Casado se afianza al frente de la oposición, Rivera se repone de la gastroenteritis con la amenaza de más deserciones en su filas y el ala dura de Vox acepta que deberá ceder, aunque tampoco haría ascos a que en Madrid gobernara el socialista Gabilondo. El objetivo último de Vox, al fin y al cabo, es la destrucción del PP.

El viernes, la OCDE publicó sus recomendaciones, recogidas en el documento «Apuesta por el crecimiento 2019». La atención se ha centrado en lo más populista, en las propuestas de equiparar las condiciones del despido de trabajores fijos y eventuales –significa indemnizaciones menores– y en el consejo de subir los impuestos de los carburantes, que supondría aumentos de precios. La OCDE reconoce que la desigualdad ha aumentado en España y llama la atención sobre otros asuntos que pasan inadvertidos o que hay quienes procuran ocultar. La institución señala que los impuestos españoles están escorados en gravar los ingresos del trabajo y que un sin número de desgravaciones desnaturalizan las bases imponibles. Además, y quizá sea lo más importante porque va en contra de las creencias populares, alimentadas por todos los partidos políticos, propone reducir los tipos reducidos del IVA porque –esto es lo decisivo– «son regresivos». El secreto de que España recaude menos que la media de los países europeos no está en la tributación directa, cercana a la media, sino en la indirecta, muy alejada de la que se aplica desde Portugal y Grecia hasta Suecia y Finlandia. España no debería tener dificultad en recaudar esos 7.800 millones de euros que reclama Bruselas. Bastaría con reducir desgravaciones y homologar el IVA con la media europea. Es impopular, pero es lo más efectivo y quizá lo más justo. Son las verdades del barquero, pero no parece que haya «estudiante» dispuesto a decirlas y, además, quienes deberían escucharlas están deliberadamente sordos.