Bélgica condenada

La Razón

Bélgica se ha venido mostrando extremadamente permisiva con la permanencia y residencia en su territorio de ciudadanos españoles reclamados por nuestra Justicia, a los que, por un motivo u otro, se les ha dificultado o impedido su extradición a España. La mayoría eran imputados o condenados por actos terroristas cometidos en España contra españoles, incluso por asesinato.

Son conocidos los casos de Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz, colaboradores del «comando Vizcaya» de la banda terrorista ETA, quienes fueron detenidos en Bélgica en junio 1993, pidieron asilo político y quedaron en libertad unos meses después. En febrero de 1994 fueron nuevamente arrestados en Bélgica, pero en marzo de 1996 el gobierno belga se negó a tramitar la extradición. El entonces ministro belga de Interior, el flamenco Van de Lanotte, fundamentó su negativa en que «no se podía tratar a dos vascos como si fueran criminales». Nuevamente fueron puestos en libertad.

Enrique Pagoaga Gallastegui, alias «Peixotín», miembro de ETA, fue condenado en 1976 por el asesinato del general Don Emilio Guezala Aramburu. En mayo de 1996 llegó a Bélgica, pidió asilo político alegando que «su vida corría peligro en España». Ese mismo mes el Gobierno belga le dio total libertad para salir del país.

Juan Cruz Maiztegui Bengoa, alias «Zulos», miembro de ETA, participó en 1981 en el secuestro del ingeniero Don José María Ryan, que finalmente fue asesinado. Detenido en Bélgica en junio de 1998, pidió asilo político y en agosto de ese mismo año fue puesto en libertad.

Juan Francisco Gómez López, alias «Patxi», miembro del «Comando Vizcaya». En 2004 fue detenido en Bélgica, pero el juez de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Mons negó su extradición a España alegando que «existen razones para suponer que últimamente no se trata a los terroristas en España conforme a sus derechos fundamentales».

En septiembre del año pasado Bélgica rechazó la euroorden contra el rapero José Miguel Arenas, más conocido como Valtònyc, quien había sido condenado a tres años y medio de prisión en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones. La justicia belga rechazó su extradición al considerar que sus canciones se enmarcan dentro del derecho a la «libertad de expresión».

Igualmente, la justicia belga rechazó en 2018 la extradición a España de los exconsejeros de la Generalidad de Cataluña Antonio Comín, Maricel Serret y Luis Puig, por un supuesto «defecto formal» en la emisión de la euroorden.

El ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont, campa a sus anchas por Bélgica a pesar de estar imputado por nuestro Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación, al haber sido retirada la euroorden a la vista de las pocas probabilidades de éxito de la misma, dado los antecedentes de la justicia belga.

Recientemente ha cobrado actualidad el caso de Natividad Jáuregui Espina, alias «Pepona», investigada como autora por el asesinato, por la espalda, del teniente coronel de Artillería Don Ramón Romeo Rotaeche. En 2003 llegó a Bélgica, donde se encontraba residiendo hasta su detención en 2013. Un tribunal belga rechazó su extradición ante la «posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados». En 2017 los familiares del teniente coronel Romeo Rotaeche denunciaron a Bélgica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no conceder su extradición. Recientemente se ha dictado sentencia por la que se condena a Bélgica por «haber incumplido su «obligación de cooperar» con nuestra Justicia. Se da la circunstancia que España figura entre los países con menos condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como consta en el informe «España ante los tribunales de justicia europeos». Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, España se encuentra entre los países con la ratio más baja de condenas en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza.

Ningún ciudadano, juez o autoridad política o administrativa belga, tiene motivo alguno para esperar de España una conducta menos respetuosa con los Derechos Humanos de la que podría esperar de su propio país. Las decisiones belgas basadas en «la posibilidad de que los derechos fundamentales no se vean respetados» en España se encuentran total y absolutamente injustificadas.

Resulta sorprendente, y a la vez admirable, que la familia del teniente coronel asesinado, Don Ramón Romeo Rotaeche, haya tenido el coraje y la determinación necesaria para acudir, sin más apoyo que sus propias convicciones, en amparo del Tribunal Europeo de Derechos humanos por vulneración del estado belga de su deber de colaboración con la Justicia española.

Resulta igualmente sorprendente que no haya sido el estado español, a través de sus servicios jurídicos, quien haya ejercido esa acción judicial (la Convención Europea de Derechos Humanos prevé demandas interestatales) en protección de la familia Romero, principal perjudicado, pero no único, por cuanto que España, su Estado de Derecho y, en general, todos los españoles, fuimos agraviados por la justicia belga, no alcanzándose a entender el aquietamiento de nuestras instituciones.

Una vez más, nuestras víctimas del terrorismo, en este caso la familia del teniente coronel Don Ramón Romeo Rotaeche, nos han dado todo un ejemplo de valentía, pundonor y perseverancia ante la lamentable actuación del estado belga, y la no menos dolorosa pasividad de nuestros poderes públicos.