La Mancomunitat

El 6 de abril de 1914 se constituyó la «Mancomunitat de Catalunya», la primera institución administrativa catalana de la historia contemporánea, a iniciativa de la «Lliga Regionalista», con el propósito de «recuperar la capacidad de la gestión administrativa de las antiguas Cortes Catalanas», gracias al impulso del político conservador Eduardo Dato. Prat de la Riba se erigió en el presidente de la Diputación de Barcelona con el objetivo de recuperar la gestión administrativa que desde 1359 –constitución de la Generalitat como órgano permanente de las Cortes– hasta 1714 habían ejercido las instituciones catalanas. En 1917 la Asamblea eligió al arquitecto Puig Cadafalch y consiguió que las cuatro diputaciones traspasaran a la Mancomunitat todos sus servicios y recursos. En 1924 Primo de Rivera nombró a Alfons Sala al frente de esta institución catalana y el año siguiente sería disuelta.

Tras la dictadura y con el pacto de San Sebastián de 1930, los partidos políticos republicanos de España se pusieron de acuerdo en un diseño global para el inminente cambio de régimen que incluía la autonomía política de Cataluña dentro de la República, y tras las elecciones municipales de 1931, que determinaron la caída de la monarquía y Francesc Macià, líder de ERC, proclamó de manera unilateral “la República catalana”, pocas horas antes de que en Madrid se procediera a proclamar la Segunda República española y se constituyó la “Generalitat de Catalunya”, en inexacta recuperación del nombre medieval de la Diputación del General.

Durante los 10 años en los que la «Mancomunitat» estuvo vigente pasaron por sus escaños un total de 233 diputados, con una mayoría de conservadores, tradicionalistas y monárquicos. Al inicio de la Guerra Civil permanecían vivos poco más de 150. En esta época de revanchas supremacistas y revisiones históricas marcadas por el odio, conviene recordar que durante el verano de 1936 hasta 19 representantes del «poble català» fueron salvajemente asesinados por las hordas de Lluís Companys. Su delito era ser católicos y de derechas.

Ellos fueron el empresario y miembro de «Unión Monárquica», Josep de Caralt Fradera; Francesc Canivell Curto, liberal e hijo del alcalde de Tortosa; Jaume Aldomà Riera, propietario agrícola de la Lliga; Pau Alegre Batet propietario y dirigente monárquico; Lluís Bausili Domínguez, abogado de «Renovación Española»; Josep Fortuny Aleu, propietario derechista; Carles Huguet Casabona, hacendado carlista; Joaquim de Llobet, abogado; Josep Picart Gaiolà, abogado de la Lliga; Josep Prat Prats, propietario; Josep Queralt Martí, gerente de la Lliga; Santiago Riba Espanya, abogado de la Lliga; Agustí Riera Pau, médico de la Lliga; Daniel Serrer Lorán, carlista y propietario; Romà Sol Mestre, alcalde de Lleida de la Lliga; el radical lerrouxista Rafael Ulled Altemir; Joan Vallés Pujals, escritor de la Lliga; Pius de Valls tradicionalista y propietario y Francesc Xuclà Vendrell, abogado de la Lliga.

Companys y Macià se saltaron la legalidad y fueron la espoleta para el inicio de la Guerra Civil. Hoy, Quim Torra, presidente de la Generalitat, también quiere saltarse la legalidad. Avisados estamos.